El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, rechazó ayer la prohibición de la pesca de arrastre de fondo propuesta en julio de 2012 por la comisaria de Pesca, Maria Damanaki.
Domínguez apostó por el mantenimiento de esta actividad, basada siempre en el asesoramiento científico, la delimitación de las zonas de pesca y la identificación de las zonas vulnerables, en un encuentro en el también participaron el director del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Eduardo Balguerías y el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat.
"No es una pesca desregulada en la que se echan las redes y se saca el pescado sin ningún tipo de consideración", declaró el secretario general de Pesca. "La posición española es que toda actividad pesquera debe estar regulada de acuerdo con un argumento científico y las medidas deben ser equitativas y proporcionales. Además, hay que actuar en igualdad de condiciones y coordinación con países de nuestro entorno", añadió.
El Gobierno se opone totalmente a la propuesta de la Comisión Europea (CE) y acusa a Bruselas de no considerar el impacto ambiental y socioeconómico que supondría la prohibición de esta modalidad de pesca, que afectaría a 850 buques españoles, incluidos los de menor tamaño. "La posición de la CE a día de hoy es: no acepto nada, no participo en nada, no estoy de acuerdo con nada", aseguró.
Domínguez recordó que en la actualidad la flota española de arrastre cuenta con un total de 1.038 pesqueros y que se vio reducida en los últimos cinco años en más de un 25%. El secretario general de Pesca explicó además que en España hay 8.089 personas dedicadas a la pesca de arrastre, que cuenta con una facturación de 700 millones de euros anuales, según los datos de 2012.
El director del Instituto Español de Oceanografía, por su parte, se refirió las campañas científicas españolas en los caladeros de todo el mundo, destinadas a detectar las áreas vulnerables, y recordó que la sostenibilidad tiene que ser -además de ambiental- social y económica. "Nuestro trabajo es diagnosticar el estado de las poblaciones y hacer las recomendaciones de gestión", apuntó Eduardo Balguerías.
Para Javier Garat, el secretario general de patronal pesquera, la propuesta de Damanaki es "totalmente desproporcionada". "Cuando se habla del arrastre se suele hablar mal y se suelen decir muchas tonterías, se quiere dar la sensación de que hay poca regulación, cuando probablemente sea la más regulada", declaró Garat.
Impacto en Galicia
"No hay artes de pesca malas, sino mal utilizadas", aseguró el presidente de la asociación de armadores coruñeses de arrastre (PescaGalicia), Torcuato Teixeira, que calificó de "barbaridad" la propuesta de Damanaki.
"Si se prohibe esta modalidad de pesca, solo en Galicia, se verían afectados 1.000 puestos de trabajo directos y 4.000 indirectos. El impacto en el tejido económico y social gallego sería muy grande", aseguró ayer Teixeira en declaraciones a este diario.
El presidente de PescaGalicia insistió en que la propuesta de la Comisión Europea de prohibir la pesca de arrastre responde a la presión de organizaciones ecologistas. "Este tipo de organizaciones, como Oceana, no deberían tener tanto eco en la Comisión Europea. Los pescadores no son los únicos culpables de que no haya peces. La actividad pesquera está sufriendo las consecuencias de otro tipo de actividades que producen mucha contaminación como, por ejemplo, las extracciones petrolíferas. No somos los únicos culpables", declaró Teixeira.
