El expresidente de la Federación Galega de Confrarías, Benito González Sineiro, será juzgado por un delito de fraude de subvenciones comunitarias o de estafa agravada, por su gestión como patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Antonio de Cambados en la adquisición y construcción del buque Tragove, en el año 2009.
El juzgado de Instrucción número 2 de Cambados estima que existen bastantes indicios para concluir que la cofradía de este municipio pontevedrés obtuvo indebidamente ayudas de la Unión Europea, tras falsear las condiciones para su concesión al aportar una factura que recogía un precio de venta del buque con una cantidad mucho más elevada del verdadero coste del barco.
El objetivo era, según recoge el juez en un auto, cubrir el importe total de la construcción de la embarcación. "Acordaron un precio superior al valor de construcción y venta del buque, de modo que con el valor de la subvención solicitada a partir de la factura elaborada por astilleros Polináutica se cubriese el importe de la práctica totalidad del precio del buque", afirma el magistrado en el escrito al que tuvo acceso este diario, y califica las facturas presentadas por Sineiro de escuetas, imprecisas y con conceptos genéricos.
El juez que lleva el caso, Juan Manuel Hermo Costoya, añade que los hechos se realizaron "conscientemente y con la intención de defraudar" por parte de Sineiro, en cooperación con los representantes legales del astillero, José Luis Núñez y Fernando Otero. "Le facilitaron a los primeros [en relación a la cofradía] las facturas proforma y los presupuestos necesarios para cometer su ilícita actividad, siendo conocedores de que el importe de venta del buque era muy inferior a lo facturado", recoge el auto.
La Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF), adscrita a la UE, informó en 2012 de la percepción indebida de ayudas europeas (Fondo Europeo de la Pesca) por la cofradía de Cambados para la construcción de este buque, cuyo valor ascendió a más de 340.000 euros, de los cuales 176.104 fueron objeto de subvención.
La Xunta, ante la denuncia de la OLAF, solicitó el reintegro y devolución de más de 80.000 euros (más los intereses de demora), cantidad supuestamente percibida indebidamente por el pósito cambadés.
"Fueron cuatro años continuos de mentiras y de calumnias. Los juzgados salen diciendo que no hay indicios de nada y archivaron las causas", declaró en relación a estas acusaciones el expresindente de las cofradías gallegas, en una entrevista concedida a este diario, el pasado mes de julio.
