Escurís: "Un alza del negocio del 20% crearía 8.000 empleos"

09.09.2015 | 00:52

El sector de la conserva tailandesa tuvo ayer la oportunidad de defenderse de las acusaciones de pesca ilegal y malas prácticas a la hora de capturar, procesar y garantizar la seguridad alimentaria en sus elaborados de atún. La Conferencia Mundial del Atún contó entre sus asistentes a Chanintr Chalisarapong, presidente de la Asociación de la Industria Atunera de Tailandia, que aprovechó su intervención para explicar el modelo de trabajo del país asiático y los cambios que está acometiendo el país para librarse de la tarjeta amarilla que la Unión Europea le puso el pasado mes de abril y que podría conllevar la prohibición de la importación de sus productos pesqueros.

"Nosotros cambiamos la legislación para acabar con la pesca ilegal y destruimos un tercio de los barcos, lo que además conllevó indemnizar a sus dueños. Intentamos asegurarnos además de que los trabajadores tengan contratos. Tailandia apoya las políticas de la Unión Europea y de la FAO", apuntó Chalisarapong durante el turno de preguntas.

"Cómo es posible lograr la sostenibilidad sin eliminar los barcos antiguos y si tenemos en cuenta que se construyeron más de 50 atuneros en los últimos dos o tres años", se preguntó, sin embargo, el presidente de la patronal. "Trabajamos mucho en este sector y queremos seguir manteniendo el nivel de producción que tenemos en la actualidad. Para ello, queremos que nos ayuden", sentenció el representante tailandés.

Francisco Buencamino se presentó ayer en la Conferencia Mundial del Atún como un filipino con cara de japonés, nombre español y que estudió en Estados Unidos. "Una crisis de identidad", dijo. Una gracia que le sirvió para presentar ante la audiencia los cambios del país para acabar contra la pesca ilegal. Como director de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Atún de Filipinas, Buencamino reconoció que su país tuvo problemas con la pesca ilegal y apuntó que fue consecuencia de "lagunas en la legislación". "Ahora tenemos multas más contundentes. Además hemos mejorado mucho la recogida de datos", señaló el filipino. Este experto apuntó además que es "alentador" que la Unión Europea retirase la tarjeta amarilla que había impuesto a Filipinas meses atrás. "Nos merecemos un aplauso", dijo con sorna, tras asegurar que el país seguirá trabajando en combatir la pesca ilegal.

El congreso contó con la presencia de representantes de la ITF (International Transport Workers Federation) y la IUF (International Union of Food Workers), que afirmaron que por el momento "hay mucho por hacer para garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores del sector pesquero y conservero a nivel global". La inspectora de la ITF para Galicia y Asturias, Luz Baz, aseguró que la industria del atún "ha de ser líder dentro del sector pesquero en la lucha por lograr estas garantías" para los trabajadores.

El presidente de la patronal conservera española, Jesús Manuel Alonso Escurís, recordó en una pausa de la VII Conferencia Mundial del Atún -celebrada ayer en Vigo- que en el caso de que la Unión Europea aplicase sus propias leyes a todos los estados miembros y los conserveros europeos ganasen una cuota de mercado del 20%, se generarían 8.000 puestos de trabajo directos y otros 20.000 empleos indirectos.

Estas estimaciones, elaboradas por la patronal Anfaco, se basan en que el 52% de las conservas que se venden en Europa proceden de terceros países y, de ellas, el 85% incumple las leyes de la propia Unión Europea, pese a lo que se importan igualmente. Y es que dentro de Europa tan solo España y Portugal han traspuesto el reglamento contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr).

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