La asociación Long Hope, que agrupa a 12.000 marineros que trabajaron en Noruega y ahora no reciben sus pensiones, aseguran que se ha "vendido su estabilidad" desde el Gobierno al no defenderlos mientras empresas del país escandinavo reciben subvenciones.
Unas 3.000 personas de la asociación Long Hope y de las diferentes asociaciones que agrupan a los emigrantes retornados se han manifestado hoy en A Coruña entre las 12:00 y las 14:00 horas, desde el edificio de Hacienda hasta el consulado noruego tras pasar por la Delegación del Gobierno en Galicia.
El portavoz de Long Hope, Alberto Paz Viñas, ha explicado a los medios de comunicación que el abogado de su asociación ha escrito al Gobierno noruego y espera una contestación sobre su problemática, mientras que aguardan al 4 de febrero, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá las conclusiones de su caso.
Ha insistido en reclamar las pensiones de 12.000 jubilados de la marina mercante noruega, que trabajaron en el país nórdico durante cuatro décadas en las que tenían prohibido por ley cotizar, aunque pagaban impuestos, y ahora no tienen derecho a pensión.
Paz Viñas sostiene que el Gobierno español no los "defiende" y aporta "subvenciones a piscifactorías de Noruega" de "hasta aun cincuenta por ciento para crear siete puestos de trabajo" con una "inversión de siete millones de euros".
Ha recordado que no saldrá "de la calle ni con este ni con otro Gobierno" porque considera que lo que sucede "es una cuestión de justicia social", al margen de la política.
"España tiene que ser decente y defender a sus nacionales, no puede dejar vendida la estabilidad de 12.000 jubilados por cuatro puestos de trabajo de una piscifactoría noruega", ha añadido.
Manuel Domínguez, de la Coordinadora Galega de Emigrantes Retornados y participante en esta manifestación, ha lanzado un mensaje dirigido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: "Fuimos a la emigración a trabajar, no a llevar dinero", ha apuntado.
Su caso es distinto al de los marineros de Long Hope, pues los emigrantes retornados tienen ahora "atrasos y multas" por una tributación especial de las pensiones que les llegan de otros países, lo que ha provocado situaciones muy complicadas en diversos hogares.
"Queremos ser iguales que los pensionistas de aquí y pagar a partir de los 22.000 euros, que no nos apliquen la norma de los dos pagadores, que tengamos las mismas condiciones que los jubilados españoles", ha concluido.
En la manifestación ha participado también Carlos Callón, cabeza de lista por la provincia de A Coruña de Nós-Canditatura Galega para las elecciones generales, que ha asegurado que es fundamental que haya representación gallega en las instituciones para dar visibilidad este problema.
