Los autónomos alertan de que la Xunta apuesta por una acuicultura industrial masiva

Aproamar critica la falta de "diálogo" y "consenso" de la nueva ley gallega

27.12.2015 | 00:34

La asociación sin ánimo de lucro que defiende a los autónomos del mar, Aproamar, critica que la nueva Lei de Acuicultura de la Xunta busca un modelo de acuicultura industrial "masivo" e "intensivo". En sus alegaciones a la normativa redactada por la Consellería do Mar, Aproamar entiende también que se ha elaborado sin "diálogo" ni "consenso" con los actores implicados.

Dirigida por Francisco Iglesias Prol, expatrón mayor de la cofradía de O Grove durante más de quince años, la asociación elaboró un extenso documento para alegar contra la ley. Según indica Aproamar, la normativa "define las líneas estratégicas de actuación y organización que durante años han sido reivindicadas por los grupos de presión procedentes del ámbito industrial de la acuicultura autóctona, nacional e incluso internacional". Igualmente, la asociación cree que la ley "subordina la actividad pesquera y el marisqueo artesanal" por "un sistema de producción con clara vocación de actuar por encima de las capacidades naturales del medio".

En el escrito, enviado a la Consellería, Aproamar califica como "una deliberada e imparable transición forzosa a la privatización" la opción de pasar al sistema de concesión administrativa. Explican que esto "provocará el encarecimiento económico y fiscal de la explotación y de sus beneficiarios", lo que dará lugar a la entrada de "empresas, sociedades de capital y grupos económicos consolidados" guiados fundamentalmente "por el lucro empresarial".

"El incremento de los costes de la transformación en acuicultura con concesión administrativa provocará indefectiblemente que a los mariscadores y pescadores de Galicia les sean repercutidos los cánones, tasas, impuestos y demás tributos a que deberán hacer frente las Cofradías, aumentando los costes de producción de su actividad sin contraprestación", destacan.

Desde Aproamar creen también que la ley establece un sistema sancionador "desproporcionado y abusivo" que "podría dejar sin bienes a los pescadores y mariscadores dada las elevadas cuantías", que van de 3.000 euros hasta 600.000 euros.

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