No es el requerimiento del arriba firmante sino la exigencia de Aurelio, amigo del mar y pescador con muchos rociones a bordo de su cuerpo. Una exigencia, por otra parte compartida por la inmensa mayoría -por no decir la totalidad- de la flota española, que considera ese rendimiento máximo sostenible además de una imposición discriminatoria, una carallada complicada.

Como es conocido, la Comisión Europea baraja desde hace unos quince años que para mejorar los resultados económicos del sector del mar y garantizar la viabilidad de la industria pesquera, hay que modificar la gestión comunitaria reconstituyendo las poblaciones de peces mediante una gestión basada en el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). Esta orientación es, para la Comisión, "una ventaja potencial" por cuanto el RMS es "un enfoque basado en el largo plazo" consistente en fijar porcentajes de capturas que "permitan a las poblaciones de peces reproducirse con el fin de garantizar la explotación de las mismas en condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles". De tal manera es válido para la Comisión el RMS que justifica el mismo en base a su contribución en la inversión de la tendencia al agotamiento de los recursos pesqueros, con beneficios para el medio ambiente marino y el aumento de la disponibilidad de los recursos y el reequilibrio de los ecosistemas. Reconoce también que el RMS reducirá los costes de la actividad pesquera, ya que la pesca practicada en los límites del RMS "permitirá un aumento de la proporción de capturas de gran tamaño y de valor elevado a la vez que disminuirá la proporción de descartes".

Pero la Comisión Europea y su RMS se olvidan de lo esencial: en Europa (y particularmente Galicia) existen poblaciones enteras que dependen de la pesca para vivir y esto implica puestos de trabajo en la mar, y la implantación del RMS -que no es igual para todos los Estados Miembros- significa, como la propia Comisión preveía, un sector pesquero más pequeño (aunque más eficaz y más beneficioso) y la reducción del número de pescadores. Es decir: Un RMS aplicado a machamartillo para algunos países de la UE (España entre ellos) que rompe el principio de igualdad cuando, como recuerda el amigo Aurelio, "existen barcos del Norte europeo y pertenecientes a un país de no más de 50.000 habitantes que pescan lo mismo que todos los barcos del Cantábrico juntos". Barcos del Norte europeo que, para más inri, venden sus capturas en España.

RMS significa para los pescadores del caladero nacional Cantábrico Noroeste obligaciones y no derechos, mientras que para los de otros Estados Miembros de la UE apenas hay obligaciones y sí muchos derechos. Un RMS que conduce a repartos arbitrarios, injustos y opacos -según el responsable de Pesca asturiano- y que inciden negativamente en las flotas gallegas y asturianas. Tan es así que Asturias y la asociación Acerga han recurrido los planes de gestión para los buques del citado caladero y se les ha dado la razón.

RMS: o todos, o ninguno, como proclama Aurelio.