Socios de armadoras de Burela denuncian contrataciones irregulares en sus empresas

Los demandantes controlan el 50% de cuatro pesqueros n El otro propietario y administrador "único" niega ilegalidades en sus barcos

12.04.2016 | 01:12

Los socios de varias armadoras de Burela -tres hermanos que controlan el 50% de las cuatro firmas creadas para gestionar los buques espaderos Oleaje, Arca 1, Arca 2 y Pegusa- denuncian la existencia de trabajadores ilegales de nacionalidad indonesia a bordo de los pesqueros propiedad de sus empresas y que administra "en exclusiva" el otro socio y poseedor del 50% restante de los buques, el empresario Ramón Otero López. Los denunciantes, Ángel Portillo Cao y sus dos hermanos -que heredaron la mitad de los barcos de su padre, que falleció en 2009-, aseguran que estos marineros de Indonesia no cotizan a la Seguridad Social ni figuran en los "roles de navegación" de los barcos, por lo que exigen a las autoridades "investiguen" la situación de estas empresas.

Los hermanos relatan que ya denunciaron a Otero por administrar en exclusiva las sociedades, sin permitir injerencias, pese a poseer solo el 50% de las firmas. Además, sostienen que las empresas están en concurso de acreedores, situación que, según Ángel Portillo, no podría darse al existir "once" procesos judiciales abiertos contra el administrador. Por ello, instan al Gobierno a comprobar la legalidad de la posible venta o subasta de los buques en el marco del proceso concursal.

Los socios -uno de ellos es patrón de uno de los espaderos- afirman que los barcos que administra Otero eluden los controles pesqueros españoles al descargar sus capturas en el puerto luso de Peniche, donde las autoridades marítimas no exigen la lista de tripulantes a bordo -algo que sí piden en España- lo que, dicen, permitiría ocultar esas supuestas irregularidades.

Portillo asegura que los barcos de sus sociedades pescan al norte de Vigo pero no descargan en la ciudad gallega, al contrario que el resto de pesqueros de Burela, pese al mayor gasto que supone ir a Portugal. "Si entraran en un puerto español, los mandos del barco serían detenidos por esas irregularidades", sentencia.

Los socios denuncian que el administrador les "invitó" a dejar las sociedades y les ofreció a cada uno 300.000 euros por sus participaciones en todas ellas -pese a que calculan que cada barco vale más de un millón de euros- después de que le exigiesen regularizar a los trabajadores en supuesta situación ilegal.

Otero, por su parte, negó a este diario que la situación de los marineros sea irregular. "Tienen sus contratos de trabajo vigentes y están contentos en los barcos", indicó el administrador. "Será el juzgado -donde ya he declarado lo pertinente- el que decida en su momento", concluyó Otero.

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