Nada que ver con la famosa película. Pero es verdad que, en la problemática que afecta actualmente a los marineros de las flotas de altura y gran altura, reconocidos hasta ahora como beneficiarios por la aplicación de un coeficiente reductor que les permitía jubilarse diez años antes de la edad reglamentaria (66 años según la nueva normativa), hay un bueno, un feo y un malo en la cinta dirigida por un Gobierno que, hace más de un año, no estaba todavía en funciones.

El malo es, para qué negarlo, el Instituto Social de la Marina (ISM) que ha hecho mal las cosas porque, supuestamente, debido a los brutales recortes en sus funciones aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha dado palos de ciego no sé si por desconocimiento, por dejadez o por simple seguidismo de unas líneas maestras impuestas y contra las que no ha querido pelear aún a sabiendas de que lo que se hacía -hace, todavía- no era ni prudente ni conveniente, ni legal.

El feo es, para el ISM, el sindicato CIG que, con datos en la mano, ha demostrado la tremenda injusticia que se comete en España con los marineros de buques congeladores a los que el propio ISM ha clasificado indebidamente con el, al parecer, único objetivo de reducir a un 0,30 o un 0,25 ese coeficiente reductor que, hasta ahora, era de un 0,40, con lo que los afectados por la rebaja reducen entre 7 y 6 años, respectivamente, su edad de jubilación.

¿El bueno? Realmente no existe, pero puede considerarse como tal la Dirección General de la Marina Mercante, a la que se le han echado las culpas de un desaguisado en el que todo se inicia por la mala gestión del ISM, que es capaz de establecer que un buque de más de 1.000 toneladas de registro y que faena en medio del Atlántico o en aguas de NAFO es un fresquero (no sé qué clase de pescado fresco comen los rectores del ISM procedente de esas aguas), y determinar que no lo es un atunero que realiza sus capturas en el Índico.

Como ya se ha dicho aquí, el ISM se ha adelantado en la aplicación de una norma comunitaria que modificará, supuestamente con la pretensión de retener en los barcos por un mayor período de tiempo a las tripulaciones y, de este modo, liberar a los estados miembros del pago de pensiones entre seis y siete años, que serán de cotización a todos los efectos, antes de la jubilación).

La CIG (el feo para el ISM) ha puesto papeles sobre la mesa. Ha investigado y ha reclamado soluciones otra vez. El ISM, que nunca hasta ahora ha tenido por costumbre la negociación porque lo suyo ha sido la imposición, acudirá el próximo día 18 de octubre con la cabeza gacha para reconocer que ha habido errores. Marina Mercante será un espectador invitado. Los sindicatos irán con los datos y la reclamación planteada para que se corrijan las cosas. Y la Consellería do Mar, que también acudirá a esta reunión, irá con la intención de salvar su dignidad al tiempo que lavar la cara a un Gobierno que, una vez más y en este caso concreto, ha entrado en el mismo como elefante en cacharrería.

Los que no son protagonistas directos de esta mala película son los tripulantes de los congeladores, a los que se les aplica el coeficiente más alto dadas las condiciones de su trabajo en campañas larguísimas en el tiempo y sumamente alejados de tierra y de sus familias. Ellos, los marineros, no tienen la culpa de lo que el ISM ha hecho, ni tampoco están a favor de lo que la UE pretende. Y sin embargo son los que pagan las consecuencias de tanta desidia para con un oficio del que viven centenares de familias en Galicia entera.