El Gobierno de Sudáfrica inició recientemente un programa de estímulo económico que tiene el océano y la economía azul como motores de crecimiento. Sus sostenes son la pesca extractiva, la acuicultura, el transporte y la protección del mar, además de un quinto elemento que desvirtúa el anterior: la minería marina de fosfato. El Ejecutivo de Jacob Zuma autorizó ya tres proyectos que abarcan casi 155.500 kilómetros cuadrados de superficie al sur y al oeste de Ciudad del Cabo (Cape Town o Capetón, en la jerga marinera de Galicia). Al menos una docena de barcos de capital gallego trabajan en la zona y Sudáfrica es, tras Namibia, el segundo país proveedor de merluza para la industria gallega de transformación pesquera con casi 4.000 toneladas al año. Ambos estados son, a día de hoy, los únicos que aprobaron minas para remover y dragar el lecho marino con el objetivo de extraer fosforita.

Aunque las licencias fueron concedidas entre 2012 y 2014, las autorizaciones no calaron entre la opinión pública hasta ahora por dos motivos: la agria polémica que levantó esta minería en Namibia y la comparecencia de Zuma el mes pasado en el Consejo Nacional de Provincias (un equivalente al Senado en España), donde elevó hasta los 1.130 millones de euros las inversiones derivadas de la llamada operación Phakisa en la economía del país. No fue gracias al fosfato, ya que las empresas promotoras dejaron sus planes en cuarentena por los bajos precios del mineral debido a la caída de la demanda mundial. En este caso, al contrario que en Namibia, tanto Green Flash Trading como Diamond Fields International sí cuentan con informes de impacto ambiental.

Organizaciones medioambientalistas y pesqueras reclaman ya al Gobierno africano que fije una moratoria para prohibir esta actividad. Los más de 150.000 kilómetros autorizados para la explotación de minería marina de fosfato equivalen al 10% del caladero. El temor radica en la recuperación de los precios de la fosforita, de unos 115 dólares por tonelada, lejos de los 430 que llegó a alcanzar en 2013 cuando la economía china no había bajado su crecimiento. "Desde un principio hemos creído que es muy destructiva, es preciso que haya mucha más información sobre el posible impacto en la pesca incluso antes de permitir las prospecciones", expone a la fundación Pulitzer Center el secretario de la asociación que agrupa las empresas de arrastre en el país, Said Johann Augustyn.

Galicia importa anualmente entre 12.000 y 13.000 toneladas de productos pesqueros de Sudáfrica -sobre todo merluza, rape y rosada- por un valor de cerca de 40 millones de euros al año, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Pescanova, Iberconsa y Mascato son las principales compañías de capital gallego que operan desde Ciudad del Cabo. El sector genera el 2% de la riqueza de Sudáfrica, unos 130.000 empleos directos e indirectos, y la pesquería de merluza cuenta con la certificación MSC de pesca sostenible. Pero, según la prensa local, el proyecto de economía azul de Zuma naufraga al pretender que coexista la pesca extractiva con la minería de diamantes, petróleo, gas y fosfato. Sudáfrica, uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, alberga en tierra firme multitud de empresas de carbón, oro, cromo o platino.