Un lector pone el punto sobre la "i" en lo que atañe a si se vende o no pescado en negro en las lonjas gallegas. Considero, a la vista de lo que dice, que sabe de la existencia de triquiñuelas que permiten esa venta en negro. Por ejemplo, mediante una sencilla pregunta: "¿Con gas o sin gas?". Es decir, declarando lo que se vende realmente o guardando una partida para mejor causa.
Con gas, informando de la venta real, se sabe que puede significar la renuncia a una mejor compensación económica por aquello que legalmente se declara. Sin gas, todo al bote y salen ganando armador, patrones, motoristas y, obviamente, marineros.
Pero un armador hace una rotunda rectificación a todos los casos: para vender en negro no hace falta pasar por lonja lo que se ha pescado. Desde el caladero y mediante un teléfono, la venta se efectúa directamente con el comprador y éste dispone con facilidad de un camión que transporte las capturas realizadas por el barco en cuestión a un punto convenido, que puede ser o no una lonja amiga.
¿Quién pierde, entonces? Evidentemente, la lonja. Y con ella, la cofradía de pescadores que la regenta, el ayuntamiento o sociedad que la explota. Pero, de paso, también pierde el pueblo, porque el dinero pagado por el comprador nunca se declara a Hacienda. Y si Hacienda somos todos, pues eso.
¿Es Galicia, como el resto del Estado español, un pueblo de defraudadores? Por un lado, ¿qué quieres que te diga? Y por el otro, tú ya me entiendes. Sí, pero no. O no, pero sí. El que puede, defrauda. Y defraudando en los puertos por las ventas que no pasan por lonja o que pasando por esta, puede haber una cantidad de pescado que no cuenta a la hora de la venta real, significa que los demás pierden. Y así nos va: que pregunten en la lonja de Cariño, en la de Malpica, en la de Fisterra. Y que pregunten en las respectivas cofradías. Estas están, en su mayoría, tocadas del ala. Y solo podrán salir a flote si la comunidad autónoma o el Estado aportan dinero para actuar a modo de respiración asistida con ese enfermo ya crónico que, en más de uno y dos casos, se ha visto en la obligación de despedir a sus empleados porque las entradas (de dinero) son a todas luces insuficientes para sostener a estos órganos de derecho público oficialmente sin ánimo de lucro pero que precisan del capital para poder cumplir sus funciones de auxiliares de la Administración autonómica o del Estado.
Es una cuestión de gas. De mucho gas. Y si no se entiende así, no nos quejemos después de que tal o cual cofradía cierra sus puertas, de que los puertos se quedan sin fábrica de hielo y de que no hay quien eche una mano a la hora de reclamar a la Administración o de dar salida a un expediente que se nos atasca en el despacho particular.
Con gas, por favor. Seamos, también, consecuentes.
Lo veremos en poco tiempo. Cuando la autoridad competente dé a conocer el resultado de las inspecciones de la Agencia Tributaria.
