La Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) reclama medidas de control "más efectivas y contrastadas" para la protección de los recursos en los océanos Índico y Pacífico, en los que desarrolla su actividad, además de en el Atlántico. La flota española propone la creación de áreas vedadas a la pesca de forma temporal (acotaciones que el sector denomina "corralitos") para el atún claro y el rabil ante los buenos resultados obtenidos con esta práctica en el caso del patudo. Los responsables de Opagac también plantean elevar eventualmente el cierre de los "corralitos" establecidos actualmente el patudo y su extensión a otras áreas del océano Pacífico.
El debate que centra la 91ª Reunión Extraordinaria de la Comisión Interamericana de Atún Tropical -Organización Regional de Pesca (ORP) que gestiona la pesquería en el Pacífico Oriental- es sobre el ajuste en la cantidad de días que los buques deben parar de faenar y que Opagac confía en mantener. La capacidad operativa de la flota aumentó un 10% en los últimos tres años por el incremento de barcos, por lo que los 21 países que participan en el encuentro de esta semana deliberan si ajustar los días de parada, que actualmente son 21 al año.
El control exhaustivo de la localización de los barcos mediante la transmisión vía satélite y a través de VMS -Vessel Monitoring System- de la posición en la que se encuentran a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) es otra petición de Opagac, que defiende la adopción de normas de control de capturas. Esto aseguraría que las poblaciones se muevan dentro de márgenes de explotación sostenibles y que se tomen medidas precautorias si hay indicios de que los niveles de explotación aumentan "hacia índices insostenibles".
La patronal atunera asiste también esta semana a la 6ª reunión del Grupo de Trabajo en Colaboración y Cooperación en Pesquerías de Atún de la Comisión del Suroeste del Océano Índico, en la que promueve la coordinación de actividades a nivel regional como programas de inspección en puerto y observadores. "Ayudarían a los países a armonizar estándares para la recolección y gestión de la información", explicó ayer la organización, que defiende que el sector podría contribuir al salario de los observadores y al coste de las inspecciones en puerto.
El encuentro pretende conseguir además un acuerdo no vinculante (para evitar el conflicto en la gestión de algunas poblaciones compartidas con la comisión de túnidos del océano Índico) que ayude a los países a desarrollar mecanismos para mejorar su eficiencia en la gestión de los recursos a nivel nacional e internacional. Doce países costeros del océano Índico, varias ONG y la UE, como observador, participan en la reunión.
El objetivo de las dos eventos es ampliar la gobernanza oceánica (que garantiza la igualdad y sostenibilidad al repartir los recursos y espacios) en el Pacífico y el Índico.
Otros pactos
Mientras, organizaciones del sector pesquero español pidieron ayer a Bruselas mejoras en los acuerdos con Marruecos y Mauritania que faciliten la actividad de la flota en sus caladeros. El sector se reunió con el secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, y el jefe de la Unidad de Mercados de la Dirección General de Pesca de la CE, Christian Ramboud.
La patronal pesquera española Cepesca solicitó una bajada de los cánones que pagan los arrastreros y palangreros que faenan en aguas mauritanas, además de exponer el "problema" por los trámites que deben cumplir esos buques para pagar por faenar en el caladero, que les hace perder 4 o 5 días de actividad.
Los armadores también solicitaron avances en las condiciones sobre el desembarque de capturas, infraestructuras, seguridad y venta del producto que permitan aprovechar mejor el acuerdo con Rabat, que caduca en 2018, y manifestaron su deseo de que se renueve el pacto con Guinea Bissau antes de que termine el actual, en noviembre.
