El Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) define actualmente la exportación y comercialización ilegal de los recursos pesqueros de la zona ocupada del Sáhara Occidental como delito en la legislación nacional. El Ejecutivo aumentará la persecución de los buques y armadores que transporten los recursos naturales de la pesquería del gran Ecosistema Marino de la Corriente de Canarias.
