El Tribunal Supremo ratificó una multa que condena a la Organización de Productores Mejilloneros de Galicia (Opmega) a abonar 901.518 euros por fijar precios durante once años. Esta es una de las entidades que fueron sancionadas con 1,8 millones de euros por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) al considerar que entre 1997 y 2008 formaron un cártel para pactar e imponer precios.
Las firmas crearon uno o varios monopolios -a los que se denominó Plataforma de Distribución de Mejillón de Galicia (Pladimega), La Central o Central de Mejilloneros de Galicia (Cemega), entre otros- que desencadenaron importantes enfrentamientos en los muelles, tanto con bateeiros ajenos a esa estrategia como con el sector depurador y transformador (cocederos y conserveras), al que incluso se interrumpió el suministro.
Opmega, que agrupa alrededor de un millar de parques de cultivo flotantes y sancionada con la mitad del total impuesto al sector, presentó un recurso que ahora rechaza el Tribunal Supremo, con lo que ratifica tanto la decisión de la CNC, dictada en abril de 2011, como una sentencia de la Audiencia Nacional, de 1 de junio de 2015, y confirma la multa.
La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Supremo considera que la resolución sancionadora de la CNC fue correcta al concretar que diversas entidades mejilloneras desarrollaron "múltiples iniciativas" para coordinar el reparto del mercado y la fijación de condiciones comerciales y precios. "[Estas] deben considerarse como instrumentos de un mismo acuerdo global entre las empresas imputadas, con un objetivo único, común y continuado en el tiempo", indica el texto.
El Supremo también rechaza que la sanción fuese desproporcionada, pues se trató de "una infracción muy grave" que además "se prolongó en el tiempo" durante once años.
"[Opmega] es la mayor asociación de productores y claramente tuvo un papel más vivo para la celebración de los acuerdos y el liderazgo a la hora de fijar los precios", indica la sentencia. La firma alegó "falta de intencionalidad" en el funcionamiento de Pladimega, cuando incluso se libraron importantes "batallas" en los muelles y se cometieron sabotajes contra bateeiros y empresas que no estaban de acuerdo con el monopolio.
El Alto Tribunal incide en que tanto la CNC como la Audiencia Nacional consideraron probado que Opmega desempeñó un "papel activo y de liderazgo" respecto de otras asociaciones de productores en la fijación de precios y apunta que en su recurso la organización no aporta nada que permita "excluir o disminuir" el elemento de culpa, al menos como negligencia.
El sector productor del mejillón desarrolló múltiples iniciativas para coordinar actuaciones comerciales que limitaron la capacidad de los clientes para optar entre una diversidad de ofertas. Las firmas atentaron contra el libre mercado al homogeneizar las condiciones de oferta del mejillón, sobre todo el precio y el reparto de cuotas de ventas, y no se unieron para mejorar las condiciones del sector. Las agrupaciones de productores representaban prácticamente el 80% de las bateas gallegas.
