Tipificados. Pero castigar, sin pudor

07.08.2017 | 00:57
Tipificados. Pero castigar, sin pudor

Cuál es la gran o pequeña diferencia que hay entre un gestor de la "cosa" pública -sea política o económica- y el que explota ilegalmente un bien natural para el que -obviamente, por ser ilegal- carece de licencia?

Me explico: nueve personas físicas y tres jurídicas -todas ellas de nacionalidad española- se ven afectadas por la apertura de un expediente sancionador que pretende depurar sus responsabilidades en relación a su presunta participación en la propiedad, gestión y explotación de los buques de pesca Thunder y Tchaw, señalados tras su identificación como implicados en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca Indnr).

Tipificados como infracción muy grave en la legislación española, estos hechos podrían conducir a su inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras y la prohibición de obtener cualquier tipo de ayuda pública, además de llevar aparejadas multas de entre 60.001 y 600.000 euros. Todo ello relacionado, además, con la Operación Sparrow 2 que los servicios de inspección de la Secretaría General de Pesca han desarrollado en las sedes de distintas empresas instaladas en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense a finales de julio de 2015.

¿Qué es lo que, para la Justicia, hace distintos los casos de la corrupción o corruptela política y económica protagonizada en los últimos tiempos por personajes absolutamente conocidos y hasta escarnecidos a través de los medios de comunicación que los han hecho de dominio público, de los de la podredumbre que emana del mar y que se ha valido en buena medida de esa tibieza con la que el público en general recibe este tipo de información y que permite que verdaderos delincuentes continúen realizando una vida absolutamente normal cuando lo suyo, teóricamente, debiera ser la cárcel?

¿Qué diferencia a un político o un banquero que, de una u otra manera, se hace con dinero que no le pertenece de ese otro político que facilita el enriquecimiento de presuntos piratas que practican la pesca ilegal en algunas ocasiones permitida, sin más?

¿Por qué todos sabemos o sospechamos de personas que están detrás de operaciones ilegales en la política y , por ejemplo el Ministerio de Pesca, silencia los nombres de esas nueve personas físicas y tres jurídicas -propietarias y gestoras de dos buques- a las que se ha abierto un expediente sancionador por presunta pesca ilegal?

Hay políticos y banqueros que están pagando, ya, la que se conoce como "pena del telediario"; pero personas que han ganado millones de euros con la pesca ilegal siguen campando a sus anchas en sus lugares de residencia y gozando, además del temor, del respeto de sus conciudadanos que los consideran armadores ejemplares que crean puestos de trabajo a pesar de lo mal que el mundo de la mar está. Y así será, mientras que el citado Ministerio de Agricultura y Pesca no diga claramente quienes son los afectados por esos expedientes sancionadores.

No sé por qué a unos se les señala con el dedo y a otros se les permite continuar ejerciendo su actividad como si tal cosa al margen de la pesca ilegal. Si los expedientes se han abierto, ¿por qué nos vemos obligados a silenciar los nombres de los expedientados?

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