La investigación por descarga y venta ilegal de pescado en el puerto de Vigo en la que se descubrió un entramado de supuestos chivatazos de inspecciones a cambio de regalos no se centra solo en las seis personas detenidas, entre las que se encuentran cuatro policías portuarios. El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, avanzó ayer que en el marco de este "importante" operativo -realizado por la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo- se investiga a 18 individuos más. Varias fuentes consultadas explicaron que se prevé que durante las próximas semanas se cite a más personas por su supuesta implicación en la trama y que el foco de las pesquisas estaría puesto en más agentes portuarios y en armadores. A cambio de facilitar la descarga irregular, los policías recibían supuestamente como dádivas piezas de pescado de alto valor, cajas con esta mercancía o marisco y, de forma excepcional, incluso dinero.

La operación se bautizó con el nombre de Govi. El lunes, tres detenidos quedaron ya libres con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean citados. Se trata de dos policías portuarios y de una mujer vinculada al sector de descargas que, según las pesquisas, actuaría como intermediaria entre armadores y agentes: supuestamente, se encargaba de recoger los regalos -el pescado- que los segundos recibían y de venderlos en la lonja de forma irregular, tras lo que repartía el dinero obtenido entre esos efectivos.

Los otros arrestados -dos agentes y un empleado de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI)- comparecieron ayer ante el juez Juan Carlos Carballal, que los dejó libres con cargos: se les investiga por la presunta comisión de delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental. El juzgado analizará si la supuesta trama funcionaba como lo que jurídicamente se denomina "grupo" criminal.

Solo uno de los detenidos puestos a disposición judicial -un policía- declaró. Los otros dos se acogieron a su derecho a no hacerlo. Fuentes próximas al empleado de ARVI justificaron su decisión de no hablar ante el juez en que hasta ahora no pudieron acceder a las diligencias, que ocupan tres tomos, debido al secreto de sumario que finalmente se levantó ayer. Estas fuentes incidieron en que el acusado "no cometió" ninguna irregularidad.

La investigación arrancó en mayo, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectó en el muelle de O Berbés (Vigo) irregularidades en el control de las descargas, en los cupos y en los tamaños de las capturas.