Algo no está bien. O, dicho de otro modo: alguien engaña -cosa habitual, por cierto- en el ámbito político.

Según la Consellería do Mar, el servicio de inspección pesquera de la Xunta funciona como una máquina (de bien) y sus intervenciones, además de muy habituales, resultan decisivas -o casi- en la lucha contra el furtivismo y la pesca más o menos ilegal.

El PSdeG, por su parte, ha acusado al Gobierno gallego de silenciar que, entre los años 2014 y 2017, ha reducido -a escondidas- un 25% el número de inspecciones sin dar a conocer las causas. El caso es que tales inspecciones y en el tiempo citado han pasado a ser, según la portavoz de Pesca del grupo socialista en el Parlamento gallego, Loli Toja, de las 16.437 registradas en el año 2014, a las 12.200 del ejercicio 2017. Una reducción del 25% señalado.

Si se pregunta al sector pesquero, las inspecciones son, además, sumamente rigurosas ("se pasan", dice la flota en un puro lamento, por lo que significan las mismas de pérdida de tiempo e infructuosas, porque repiten lo que previamente han hecho los inspectores comunitarios, los inspectores nacionales e incluso la Guardia Civil). Y, por si esto fuese poco, hay quien en el sector se queja porque entre los pescadores no hay consciencia de lo que es su responsabilidad ante el estado calamitoso de los caladeros. Si a esto añadimos la denuncia por lo bajinis -lo dicen con la boca pequeña- de algunos restaurantes en el sentido de que hay inspecciones que parecen estar teledirigidas porque casi siempre se realizan a los mismos (por ejemplo en el caso del marisco), ya tenemos la baraja completa para un tute peleón y definido.

A ver: tenemos un servicio de inspección pesquera. Tenemos agentes que son profesionales de la "cosa" y que han ingresado en el cuerpo merced a una oposición (realmente, algunos proceden de la empresa privada, a la que pertenecen aún cuando actúan como agentes de la autoridad pesquera). Se supone que los tales agentes levantan este o aquel "muerto" que señala la existencia en un lugar de nasas caladas por alguien y que deben ser perfectamente identificadas; pero los naseiros culpan a la Consellería do Mar de permitir que siempre se actúe en la misma zona y, con tal motivo, siempre se castigue a los mismos marineros, lo que también debería entenderse como un incumplimiento sistemático por parte de estos de las normas establecidas por la Xunta.

¿Huyen todos hacia adelante? ¿Acaso mienten todos? ¿Hay interés en que todo siga igual por algún motivo?

¿Por qué la Consellería do Mar se vanagloria de la actitud frenética de su servicio de inspección pesquera y hace público cada poco tiempo que sus agentes han intervenido tantos kilos de pescado, de marisco, y tantos aparejos de pesca en tal o cual ría? ¿Hay o no hay transparencia, hay o no hay datos verdaderos en lo que se publicita? ¿A quién beneficia la mentira, si es que ésta existe?

De verdad, algo no va bien y deberían hacérselo mirar, como dicen los amigos catalanes.

Porque mentir, verdaderamente, no beneficia a nadie. Tarde o temprano prevalece la verdad.