Arrancaba el mes de junio y el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hacía saltar las luces de alarma a nivel nacional, al alertar de una deuda oculta de 15.000 millones de euros en la sanidad pública española. Un informe de la auditora PricewaterhouseCoopers, en el que colaboraba la exministra de Sanidad Ana Pastor y dos exministros del PSOE, apoyaba la cifra de los 15.000 millones.
El presidente gallego se apuraba a reclamar al Gobierno de Zapatero una inyección de liquidez a la sanidad pública, como hicieron en su momento Felipe González y José María Aznar por valor de 12.000 millones de euros. "Hay que sanear", urgía Feijóo y pedía un "gran pacto" para salvar el sistema sanitario público.
El planteamiento de Feijóo, pagar las deudas y poner el contador a cero, también es defendido por la consultora A.T. Kearney. En La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud: ¿Ha dejado la sanidad de ser una prioridad social, esta firma defiende que hay que "establecer un pacto entre las administraciones central y autonómicas para asumir entre todas la deuda sanitaria", que cuantifica entre 10.000 y 15.000 millones.
El trabajo, que fue presentado el pasado viernes y fue prologado por el exministro de Aznar Manuel Pimentel, sostiene que "al igual que se está haciendo en España con el sector financiero, donde se ha establecido un Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para el rescate de entidades con problemas, deberá realizarse una inversión inicial para asegurar que el sistema nacional de salud está limpio de deudas y listo para operar de forma ordenada".
"Lo que se impone es establecer un pacto entre las administraciones central y autonómicas para asumir entre todas la deuda sanitaria", sostiene el A.T. Kearney, en un informe en el que colaboró con la patronal de las industrias farmacéuticas. Añade que "el ajuste debe partir" del Gobierno central, pero a cambio de resolver el problema el Ejecutivo español debe exigir a las autonomías que no se vuelva a repetir la situación (gastar más de lo presupuestado) y "mayor contención en el gasto". Es más, sugiere "condicionar parte de la transferencia (del Gobierno a las comunidades para financiar las competencias de sanidad) al cumplimiento de objetivos sanitarios", por ejemplo puesta en marcha de planes de optimización de los recursos o introducir un modelo de retribución salarial variable "en función del cumplimiento de objetivos".
La crisis económica ha forzado la reducción de los presupuestos para la sanidad (un 4,9% menos en Galicia este año), y la consultora sostiene lo contrario, que hay que incrementar los recursos, y alerta de que la población española está cada vez más envejecida y solo por esta razón el gasto sanitario será cada vez mayor. Por ello, concluye que la situación de la sanidad "es grave", "está en peligro y su pronóstico reservado" y que "urge sin mayores dilaciones" buscar nuevas fuentes de ingresos. Y de este modo recomienda la "creación de impuestos o tasas específicas para la generación de recursos públicos adicionales", por ejemplo sobre actividades como el consumo de alcohol y de tabaco. Ésta es una idea que barajó la Consellería de Sanidade, pero luego excluyó de su Plan de Prioridades para los próximos años.
La consultora rechaza la recentralización de la competencia de sanidad, y pone el ejemplo de Canadá, "un sistema altamente descentralizado" que funciona bien y además garantiza "la cohesión del sistema". El modelo español, en su opinión, necesita correcciones, pero no ser eliminado.
