Más formación y campañas, medidas del Gobierno frente al repunte de infanticidios

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció ayer que se pondrán en marcha nuevas medidas para mejorar la coordinación y la formación de todos los operadores e instituciones que trabajan en contra de la violencia de género. Asimismo, se reforzarán las unidades de valoración forense, que no tienen todos los juzgados o no tienen los medios suficientes para atender la demanda de informes relacionados con el maltrato. Y se pondrán en marcha campañas tradicionales y de forma online para luchar contra los discursos negacionistas, que están calando especialmente entre los “jóvenes”.

“Hemos detectado el problema [el negacionismo] y se requiere una mirada con más profesionalidad y con medidas encaminadas a paliar estos efectos”, indicó la ministra. Estas medidas serán incorporadas al Pacto de Estado contra la violencia machista, que Pedro Sánchez reclamó renovar “como una prioridad absoluta en el corto plazo” en una reunión extraordinaria del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, a la que han asistido seis ministros y representantes de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la judicatura y las organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil.

La cita, que la ministra de Igualdad calificó como “histórica”, vino motivada porque en los primeros cuatro meses del año han sido asesinados por sus padres siete niños, en un contexto de violencia de género, lo que supone el peor arranque del año desde el 2013. En estos 11 años, han fallecido 60 menores, pero nunca antes se habían concentrado tantos asesinatos de menores en un periodo tan corto de tiempo, de ahí que el Gobierno haya reunido al máximo órgano asesor en materia de violencia de género. Asimismo, han fallecido 10 mujeres desde el inicio del año.

Cincuenta miembros

El Observatorio es un órgano interministerial creado por la ley contra la violencia de género, destinado a la evaluación, asesoramiento, elaboración de informes y la articulación propuestas de actuación contra la violencia machista. Está integrado por una cincuentena de representantes, entre ellos las comunidades autónomas, la Federación de Municipios y Provincias, la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer, la presidenta del Observatorio en esta materia del Consejo General del Poder Judicial, así como representantes de la sociedad civil y de las organizaciones sindicales y empresariales y de mujeres.

Sánchez se comprometió a reunir a este órgano dos veces al año. Asimismo, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros distribuir 160 millones de euros a las comunidades para que lleven a cabo programas destinados a luchar contra las diferentes formas de violencia machista. De ellos, 140 millones se destinarán al desarrollo del Pacto de Estado, para que los partidos políticos que lo integran, todos excepto Vox, pongan en marcha medidas en un horizonte temporal 2024-2027.

El Pacto de Estado, según el presidente del Gobierno, es una “herramienta fundamental” que debe ser “mejorada, evaluada y adaptada a las circunstancias de la sociedad actual”, para “corregir las disfunciones y diseñar nuevos mecanismos” que permitan combatir la violencia machista estructural.

Violencia vicaria

En el ámbito específico de violencia de género contra los menores, o la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce a través de los hijos para dañar a la madre, Sánchez señaló en la reunión del Observatorio que “es preciso profundizar en el análisis de los casos de asesinatos”, reforzar “la coordinación” entre órganos judiciales y entre administraciones que ostentan las competencias y potestades en este ámbito y “seguir trabajando en la formación en perspectiva de género e infancia” de todos los miembros de la judicatura, la fiscalía, los cuerpos forenses, los equipos de valoración y de los servicios sociales y de protección de menores.

Medidas que deben estar presentes, según subrayó, en la renovación del Pacto de Estado. “Debemos contar cuanto antes con un marco permanente y ampliado, adaptado a los cambios sociales que se han producido desde su aprobación” en el 2017, concluyó.

La violencia vicaria es un fenómeno poco estudiado, dado que la mayoría de esfuerzos se han dirigido, hasta ahora, a analizar y prevenir la violencia contra las mujeres. Pero un estudio titulado ‘Un golpe irreversible contra las madres’, en el que se ha analizado 50 asesinatos desde el año 2000, a partir de 400 sentencias judiciales y los datos aparecidos en los medios, permite tener una radiografía de esta aberración: la mayoría de los agresores son los padres biológicos, que no aceptan que su pareja rompa con ellos y que, en más de una ocasión, las habían amenazado precisamente con hacer daño a sus hijos.