En una misteriosa reunión celebrada en la primavera de 1985 en un chalé de Madrid a la que asistieron un general identificado con el sobrenombre de Pancho -cuya verdadera identidad nunca fue revelada por el Cesid-, los comandantes golpistas Ignacio Gasca y José Luis de Ynestrillas, implicado en el 23-F, y varios jefes del Ejército cuyos nombres han sido también ocultados por los servicios de inteligencia, se decidió dar marcha atrás al que hubiera sido el mayor magnicidio de la historia española.

Los conjurados fueron informados en esa reunión de que el Cesid estaba al tanto de sus planes para asesinar a los Reyes y al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, durante la celebración del desfile del Día de las Fuerzas Armadas en A Coruña en junio de 1985, hace ahora 25 años. Lo que ignoraban los terroristas era que uno de los miembros del comando que preparaba el atentado en la ciudad coruñesa era un infiltrado del Cesid en los círculos de extrema derecha, Francisco Lerena, alias Alejandro, también conocido como lobo azul, por contraposición al otro lobo infiltrado en ETA.

Las fuerzas de seguridad abortaron la trama sin que se realizase ninguna detención y nunca se informó a la opinión pública de lo sucedido. El desfile se realizó finalmente en A Coruña, sin que los miles de coruñeses que se agolparon en la Marina y los Cantones sospechasen que se habían salvado de una matanza que perseguía poner fin a la democracia.

En 1997, al año de su salida del Gobierno, Felipe González pronunció una enigmática frase durante un mitin celebrado en A Coruña durante las elecciones autonómicas: "Llegará el momento en que los coruñeses sepan qué pasó en el año 1985, cuando celebramos aquí el Día de las Fuerzas Armadas". Lo cierto es que ese momento nunca llegó, al menos de manera oficial. Lo poco que se sabe del frustrado magnicidio sería revelado en 2005 por el agente del Cesid infiltrado, Fernando Lerena, en un libro titulado Así intentamos matar al rey.

Ynestrillas y Lerena, según cuenta este último en su libro, viajaron a la ciudad coruñesa en diciembre de 1984 donde fueron alojados por una familia que les ayudó en la conjura. "Quiero que vengas conmigo a Galicia para estudiar un proyecto, algo que de salir bien va a terminar con toda esta gentuza que nos gobierna", asegura Lerena que le contó Ynestrillas antes del viaje. El ex agente de inteligencia sólo facilita el nombre de una persona que supuestamente colaboró en la trama coruñesa, el armador Rafael Lucho Regueira, propietario entonces de la conocida cafetería Picadilly en la Marina, aunque aclara que desconocía que lo que se tramaba era un magnicidio.

Regueira, un ultra bien relacionado con los ambientes militares de ultraderecha -había visitado en 1984 en sus respectivos penales a los golpistas del 23-F Milans del Bosch, Tejero y Pardo Zancada- preparó a Ynestrillas y Lerena un encuentro discreto con Milans en la prisión naval de Caranza en Ferrol, al que acudieron con una caja de marisco para el general. "Milans puso cara de sorpresa al conocer los planes del atentado y abandonó la sala sin decir palabra", asegura Lerena, que no tiene claro si esa actitud significaba un apoyo, como sí interpretó Ynestrillas.

La técnica terrorista elegida para liquidar a la cúpula del Estado en A Coruña era similar a la usada por ETA en 1973 para asesinar a Carrero Blanco. La idea era excavar un túnel desde el local en ruinas del Cine Avenida, que fue alquilado para este propósito, y colocar los explosivos debajo del palco de las autoridades en el Cantón Grande. Regueira, según el ex agente del Cesid, les facilitó los planes del subsuelo de los Cantones "sin preguntar para qué los querían".

La trama consiguió financiación para la operación en el entorno ultra de Madrid y Murcia. Lerena implica en el complot a concejales y algún alcalde de AP y al director del periódico El imparcial, Antonio Izquierdo.

La conjura fue abortada por los servicios de seguridad del Estado pero no se detuvo a nadie ni se informó a la opinión pública. El Gobierno se limitó a hacer conocer a los conjurados que conocía sus planes. "Eran muy pocos, estaban bajo control, y no suponían ningún riesgo; lo último que necesitábamos era convertirlos en mártires", justificaría años más tarde un ex ministro socialista.

Cuando publicó el libro en 2005, el ex agente del Cesid que desbarató el magnicidio dijo sentirse abandonado por aquellos que lo forzaron a infiltrarse en la extrema derecha. "Me prometieron un retiro digno , pero sólo percibo una pensión de invalidez de 500 euros. Me dejaron tirado", se lamenta Fernando Lerena.