Los jueces aseguran que la Xunta carece de presupuesto para reformar todo el edificio de la Fábrica de Tabacos, por lo que dejará 3.000 metros cuadrados sin remodelar. "Me encanta el proyecto, pero les dije que no me gustaba tener que compartir ese espacio porque debe destinarse todo a uso judicial, si no, en el futuro habrá problemas graves porque faltará espacio", afirma el juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, quien destaca que el conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, reconoció que el coste de la obra es "muy elevado" y que acondicionar esos 3.000 metros cuadrados supondría incrementar el presupuesto entre seis y ocho millones de euros.

El Ejecutivo autonómico le ofreció al Ayuntamiento ese espacio "por una cuestión institucional", según afirma un portavoz de la Consellería de Xustiza, porque el Concello le cedió todo el edificio para construir la sede judicial de la ciudad. El representante de la Xunta, sin embargo, niega que el Gobierno gallego ceda 3.000 metros cuadrados para uso municipal por falta de dinero. "Hicimos un estudio y nos sobra espacio para responder a las necesidades judiciales. Al ritmo actual cubriríamos las necesidades de los próximos veinte años", sostiene el portavoz de la Consellería, quien subraya que el Ayuntamiento aún no ha respondido al ofrecimiento. "Nos enteramos de que los quiere por las noticias de la prensa, pero aquí no ha llegado nada", recalca.

El informe de Xustiza sobre la demanda de espacio de los órganos jurídicos contrasta con las peticiones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de la Fiscalía Superior de Galicia, que aseguran que necesitan todo el edificio de la Fábrica de Tabacos. El objetivo, según los portavoces de las instituciones jurídicas, es "centralizar el mayor número de dependencias posibles en la nueva sede".

Fraga Mandián advierte de que el inmueble se quedará pequeño con el paso de los años porque se crearán nuevas unidades judiciales, por lo que propone al Ejecutivo autonómico que se quede con esos 3.000 metros cuadrados y que los rehabilite cuando disponga de presupuesto para ejecutar la reforma. Desde la Consellería de Xustiza, sin embargo, rechazan esta iniciativa porque creen que es "mejor" remodelar todo el inmueble al mismo tiempo.

"Entiendo que si la Xunta no quiere ese espacio el Ayuntamiento no tiene más remedio que quedarse con él. Estoy seguro de que el Ayuntamiento está por la labor de ceder todo el edificio, pero la Xunta no lo quiere", subraya el juez decano de A Coruña. El alcalde, Javier Losada, afirmó hace una semana que entregaría el inmueble de la antigua Fábrica de Tabacos al Gobierno gallego para que construyese la sede judicial de la ciudad, pero el Ejecutivo autonómico rechazó 3.000 metros cuadrados del edificio. Losada anunció que, en el caso de que no fuesen necesarios para albergar las unidades judiciales, lo destinaría a uso municipal. Un portavoz del Gobierno local asegura que la intención del Concello es ubicar la sede del archivo.

La Consellería de Xustiza afirma que todavía no ha recibido la respuesta del Ayuntamiento e informa de que hasta entonces no se pronunciará. El Ejecutivo autonómico se comprometió a reformar 12.486 metros cuadrados del edificio, en los que invertirá más de veinte millones de euros.

La Fábrica de Tabacos será el centro judicial de la ciudad, pues en ella se ubicarán las dependencias de la Audiencia Provincial, la Fiscalía y los juzgados situados en el edificio Proa de Matogrande. Las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) se trasladarían a la sede de la Audiencia, por lo que el inmueble, ubicado al lado de Nuevos Juzgados, también necesitará ser reformado. La Consellería de Xustiza prevé que las obras comiencen en 2011.

La Xunta anunció que en septiembre encargará el proyecto para remodelar Tabacos. Rueda señaló la semana pasada que su intención es "empezar cuanto antes las obras" y acusó al Concello de retrasar la salida a concurso del proyecto. "Espero una respuesta definitiva por parte del Ayuntamiento. El alcalde me solicitó el mes pasado el plan de viabilidad que ya habíamos presentado en mayo, se lo remitimos y seguimos a la espera", indicó el conselleiro de Xustiza.

El Gobierno gallego será el que tenga la última palabra sobre el destino de los 3.000 metros cuadrados que excluyó de su plan de reforma de la Fábrica. Las instituciones judiciales exigen que el inmueble sea destinado "íntegramente" a órganos de la justicia y el Concello está dispuesto a renunciar a ese espacio.