09 de octubre de 2011
09.10.2011
40 Años
40 Años

Los expropiados del ofimático prevén asociarse para ejercer "presión"

El Gobierno gallego, tras adquirir las fincas, las recalificó E Exigen una indemnización

09.10.2011 | 02:00
Terrenos situados entre Eirís y Matogrande en los que se proyectó construir el parque ofimático. / la opinión

Los dueños de los terrenos situados entre Eirís y Matogrande a los que la Xunta expropió entre 1993 y 1994 para construir lo que iba a ser un parque de oficinas aseguran que crearán una asociación para ejercer "presión" y defender sus intereses. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó en noviembre de 2010 al Gobierno gallego a la reversión de las fincas porque recalificó los terrenos para construir viviendas en lugar de empresas relacionadas con tecnología.

El Ejecutivo autonómico ofreció a los afectados sus fincas, eso sí, a cambio de que cada uno de ellos pague 244,77 euros por cada metro cuadrado de suelo que le devuelva. Eso significa que la Xunta se embolsaría unos 29.372.400 euros, ya que los expropiados que recurrieron a la Justicia tras el cambio de uso de los terrenos son propietarios de unos 120.000 metros cuadrados de terreno. En total, la Xunta compró alrededor de 157.000 metros cuadrados.

Los perjudicados, que en su mayoría están defendidos por los abogados Abraham Piñeiro, María José Almodóvar, Luis Antonio Cores y Juan Ricardo López, presentaron sus alegaciones a la propuesta del Gobierno autonómico. Los expropiados consideran que deben abonar al Ejecutivo el dinero que les pagó en su día por las fincas -60 euros el metro cuadrado- más el Índice de Precios de Consumo (IPC).

Los denunciantes recalcan que el Instituto Galego da Vivenda e Solo les abonó un "precio irrisorio" por sus terrenos, ya que en ellos se van a construir más de 2.000 pisos cuando en el proyecto inicial figuraba un parque de oficinas con un helipuerto, un apeadero de tren y un campo de golf. La Xunta, sin embargo, alega que los solares, en la actualidad, tienen más valor que cuando los expropió porque invirtió en los planos para urbanizar la zona y reclama a los afectados 244,7 euros por metro cuadrado.

"Hay que solucionar el problema y no hacerlo de forma chapucera y mezquina porque las personas que fueron expropiadas tienen derechos reconocidos", subraya la letrada que representa a algunos de ellos. La abogada, además, recalca que sus clientes no son un obstáculo para que comiencen las obras para urbanizar la zona.

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