El Ayuntamiento ha denunciado a siete vecinos de la comisión de afectados de Adormideras por protestar en el pleno del 6 de agosto, en el que se aprobó el plan general que permite la construcción de un edificio en la cantera excavada en el barrio. Tendrán que declarar el 23 de mayo ante el juez, acusados de haber alterado el orden público y de desobedecer a la autoridad. Los vecinos alegan que no era esa su intención y que solo sacaron "unas cuartillas" en las que expresaban su disconformidad con el visto bueno a este proyecto urbanístico.
Los siete denunciados, entre ellos el presidente de la entidad vecinal Atochas-Monte Alto-Torre de Hércules, Alberte Fernández, aseguran que desalojaron el Palacio Municipal en el momento en el que la Policía Local se lo requirió, aun cuando consideran que no habían hecho nada para ser expulsados. "La actuación fue tan normal que hasta la Policía Local no sabía qué hacer", explicó ayer uno de los portavoces de la comisión, Xosé Lois Seixo, que forma parte también de la directiva de la asociación de residentes.
El Gobierno local asegura que plantea esta denuncia tras recibir "los dictámenes de la asesoría jurídica municipal y de acuerdo a lo que marca la legislación vigente", aunque elude contestar a la pregunta de si más grupos han sido denunciados por haber llevado sus reivindicaciones a los plenos del Ayuntamiento, como los afectados por las preferentes, que asistieron a una sesión plenaria con sus camisetas puestas, o los desalojados del parque ofimático, que se fueron al ser advertidos por la Policía Local de que podrían ser denunciados por ponerse de espaldas a los concejales. Esta demanda coincide con las protestas en el Parlamento gallego.
Los vecinos acusan al Gobierno local de querer "ahogar económicamente" a su institución, primero con la retirada del convenio para que su biblioteca no siga abierta y, después, denunciándoles para que tengan que destinar sus recursos monetarios a pagar a los abogados y costear las tasas judiciales. Aseguran que el Gobierno local no va a conseguir callarles "la boca", por lo que convocarán una reunión para que sean los socios de la entidad los que decidan -como ya habían hecho para estar presentes en el pleno del plan general- qué acciones se tomarán para contestar a esta denuncia, que tachan de "acoso".
Seixo asegura que el Gobierno local no le ha dado la oportunidad de explicar sus argumentos en una reunión, ya que ninguna de las solicitudes de entrevista que registraron en el Ayuntamiento recibió una respuesta positiva, por lo que decidieron, en asamblea, ir al pleno a mostrar su desacuerdo.
Los vecinos de Monte Alto aseguran que estas medidas, que califican de "represión" e incluso de tiempos anteriores a la democracia, no conseguirán pararlos. "Donde había una espalda va a haber otra, donde había dos piernas habrá ocho y, donde había una voz, habrá quince", explicaba ayer el portavoz de los denunciados, Xabier Mariñas.
Los afectados aseguran que el informe policial es excesivo, ya que señala a Fernández como el "cabecilla" de la protesta y le acusa de dar "consignas" a los demás vecinos.
