En marzo de 2011 la ley electoral había cambiado y las Administraciones locales se entregaron a un frenesí de inauguraciones anticipadas para no vulnerar la nueva norma. En la ciudad, la última de las aperturas fue la del Ágora. Se cortó la cinta sin programación y prácticamente vacío. En este contexto sitúa el concejal socialista José Nogueira los dos contratos con Vendex, que su gobierno firmó con la "urgencia" de poder lucir ante el votante el centro sociocultural. Por ambas adjudicaciones, una de limpieza y otra de seguridad y servicios múltiples, le insistió durante su declaración del pasado jueves la juez Pilar de Lara, instructora del caso Pokemon.
En veinte días transcurridos desde las primeras declaraciones, según ha podido saber este periódico, la magistrada ha preguntado a buena parte de los imputados que ya han pasado por su sala por sus posibles vinculaciones con personas contratadas por las filiales adjudicatarias de servicios municipales. También, en su defecto, por si eran conscientes de la supuesta política de contratación de amigos, familiares y conocidos que se desarrollaba a su alrededor, basada al parecer en un intercambio de favores entre miembros de la Administración local y Vendex, con dinero público de por medio.
El edil socialista se remontó -preguntado por los periodistas un día después de su declaración- a marzo de 2011, dos meses antes de las elecciones locales. Admitió que los contratos estaban "movidos por la urgencia de los actos que se celebraron con motivo de la apertura del Ágora antes de mayo", fecha de los comicios. Los cambios de la ley electoral impedían realizar "puestas en servicio" o cortes de cinta en los 55 días anteriores a su celebración. Así se lo comunicó a la juez en tres cuartos de hora de declaración.
Nogueira, último responsable de Contratación (2009-2011) del anterior Ejecutivo, defiende que eran contratos "menores", de seis meses, y reitera, tal y como declaró a las puertas del juzgado a LA OPINIÓN, que se siente tranquilo ya conocedor de qué solicitaba de él la juez De Lara y que tiene "curiosidad" por saber qué quiere del portavoz municipal.
El concejal popular, Julio Flores, tuvo que responder al edil de la oposición, en una rueda de prensa sobre temas de su área celebrada ayer. "El que verdaderamente está intrigado por lo que pueda preguntar su señoría soy yo", replicó el portavoz del Gobierno local, "llevo un mes intrigado y espero que el viernes podamos salir de dudas". Insiste en que su concejalía nada tiene que ver con ningún contrato de ninguna filial de Vendex: "si el interés de la investigación gira en torno a los procesos de contratación, lo que reitero es que no tengo ningún contrato con ese grupo de empresas en mi concejalía y no he adjudicado ni prorrogado ningún contrato a este grupo de empresas".
Flores dice que el "más interesado" en despejar esas dudas es él y que Nogueira está usando sus declaraciones como "cortina de humo". "Ese interés tiene que ser particular, cada uno debería de interesarse por las cuestiones que atañen a cada uno y uno utilizar de cortina de humo determinadas afirmaciones", concluyó.
El portavoz municipal declarará el próximo viernes en los juzgados de Lugo, al igual que las jefas de los departamentos de Contratación y Cultura, departamento del que dependen los dos centros cuya actividad está siendo escudriñada por la magistrada instructora, la Casa de los Peces y el centro sociocultural Ágora. A dicha área pertenece la otra imputada que fue a declarar el martes, asesora de la concejal Ana Fernández.
