El real decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros que contiene las medidas de dinamización del comercio establece, además de la ampliación de ciudades con zonas de gran afluencia turística, otras apuestas encaminadas a agilizar la apertura de establecimientos, como la reducción de los trámites administrativos y los tiempos para abrir un negocio o la limitación de los supuestos en los que se puede exigir autorización.
El texto establece un procedimiento integrado, de forma que el municipio y la comunidad autónoma correspondiente tramiten de forma conjunta la solicitud de implantación de una superficie comercial, y se reduce a la mitad el plazo de tramitación, de seis a tres meses.
Una vez en vigor, la implantación de establecimientos solo se podrá someter a una única autorización que se concederá por tiempo indefinido y cuando concurran razones imperiosas de interés general: que su construcción pueda implicar daños en el medio ambiente, el entorno urbano o en el patrimonio histórico-artístico.
