La extensa y meticulosa legislación que regula la contratación de las administraciones públicas debería hacer pensar que esta actividad no debería ser fuente de polémica en el terreno político, pero la realidad muestra que es el origen de continuos enfrentamientos entre los partidos políticos, que se acusan de navegar por la normativa para beneficiar a determinadas empresas. Pero estas prácticas son además el punto de partida de investigaciones judiciales que en España han revelado el trato de favor dado por diferentes responsables políticos a compañías que a su vez beneficiaban a las formaciones que dirigían esos gobiernos.
La denominada por el Partido Popular como operación Dedazo fue la principal polémica de este tipo surgida en A Coruña, de la que ahora se cumplen cuatro años justos. Hoy en día, el PP se enfrenta desde el Gobierno local a las mismas acusaciones por parte de la oposición municipal, mientras que sus iniciativas judiciales sobre este asunto fueron desestimadas.
En abril de 2011, el Partido Popular, entonces en la oposición en el Ayuntamiento, denunció que nueve de cada diez contratos municipales de obras se realizaban mediante un procedimiento negociado, y que seis de cada diez lo eran sin publicidad, lo que restringía la libre competencia. "El alcalde tendrá que dar la cara y explicar a qué empresas ha invitado; por qué se ha invitado a esas empresas y no a otras", anunciaba el portavoz del PP, Julio Flores, en abril de 2011 tras haber solicitado un pleno extraordinario para debatir este asunto.
Los populares contabilizaron que entre 2008 y 2010 el Ayuntamiento adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad obras en las que se consiguió un ahorro del 6% sobre el presupuesto inicial, y que si se hubiera utilizado un procedimiento abierto, se habría alcanzado el 20%, porcentaje en el que se situaba la media de las licitaciones de las administraciones de la provincia. Para el PP, el entonces alcalde, Javier Losada, "ha preferido regalar ese dinero a algunas empresas".
La denuncia de los populares fue aún más adelante, ya que aseguraron que las empresas Manuel Rivas Boquete y Erfinco recibieron el 20% de las obras adjudicadas sin concurso público en esos tres años, lo que les proporcionó una facturación de 9,7 millones de euros, y además aparecieron como invitadas en el 48% de los procedimientos negociados sin publicidad convocados por el Ayuntamiento.
A solo un mes de la celebración de las municipales de 2011, el pleno extraordinario que abordó este asunto se convirtió en un durísimo intercambio de reproches entre el Gobierno local, formado por PSOE y BNG, y el Partido Popular. El ambiente electoral se palpaba en cada una de las intervenciones, en las que los socialistas argumentaron como defensa que todas las adjudicaciones contaban con el visto bueno de los funcionarios municipales.
"Ningún funcionario recibe instrucciones; ni ellos lo permitirían, no pueden dudar de su profesionalidad y de su independencia", proclamó la portavoz del Gobierno local, Carmen Marón, tras lo que el nacionalista Henrique Tello manifestó: "¿Alguien se atreve a afirmar que los funcionarios avalarían una adjudicación si existiese la más mínima sospecha de irregularidad? Yo y mi grupo decimos que no". "Los ciudadanos quieren una explicación clara y contundente porque si no existe una turbia sospecha de prevaricación en este asunto", afirmó el portavoz del PP, Julio Flores.
El afán de esta formación por buscar una relación delictiva con la actuación del Gobierno local le llevó a remitir a la Fiscalía la documentación relativa a la adjudicación mediante procedimientos negociados sin publicidad a Rivas Boquete, Erfinco y Malvecín de 174 contratos municipales por valor de 50 millones de euros en los cinco años que Javier Losada fue alcalde.
En noviembre de ese mismo año, la Fiscalía decretaba el archivo de la denuncia presentada por el PP al estimar que no había indicios de delito. Pero ya casi desde su toma de posesión del Gobierno local, los populares tuvieron que enfrentarse a la acusación de que practicaban la misma política que ellos habían denunciado. En agosto de 2011 recibieron la crítica del PSOE por haber adjudicado dos contratos negociados sin publicidad, mientras que en septiembre Esquerda Unida- Os Verdes denunció que se fraccionaban los contratos para salvar la limitación del importe máximo fijada para los negociados sin publicidad. Al llegar noviembre, el nuevo Gobierno local había realizado 34 adjudicaciones, de las que 16 habían sido mediante procedimientos negociados sin publicidad.
El PP defiende que ha impuesto una mayor variedad entre los participantes en las licitaciones y en las adjudicaciones. En abril de 2012 se habían adjudicado 76 contratos municipales desde la toma de posesión del Gobierno local y siete empresas se habían hecho con más de uno.
En cuanto a obra pública, los datos recientes de la asociación de constructores (Apecco) revelaron ayer que cuatro empresas concentraron la mitad de la inversión en obras del Concello en 2014. Arias Hermanos, Desarrolla, López Cao y Ogmios captaron algo más de 8,33 millones de los 16,34 millones de euros que sumaron las adjudicaciones publicadas en la prensa y en los perfiles y boletines. La más beneficiada fue Arias Hermanos, que obtuvo 4,05 millones de euros por los trabajos de renovación y rehabilitación de firmes en varias calles, por la reurbanización de María Casares y avenida de Oleiros, por la escalera Maestro Clavé y por la reurbanización de Federico Tapia.
