El periplo judicial del edificio Fenosa llega a su fin. Portazo del Tribunal Constitucional al último intento del Ayuntamiento para tratar de anular la sentencia firme de demolición. Los jueces rechazan admitir a trámite el recurso de amparo que decidió presentar el Gobierno local, una estrategia con escasas opciones de éxito como recordaron juristas y el demandante. Concello y propietarios negocian cómo ejecutar la orden de derribo parcial que legalizaría el inmueble de Fernando Macías, un proyecto que tienen que presentar este verano. Los dueños de los pisos ya han amenazado con pedir indemnizaciones, una suma millonaria directa a la línea de flotación de las arcas municipales.

El Concello decidió el verano pasado recurrir al Constitucional como último intento para parar las obras ordenadas por el juez, después de que el Tribunal Supremo revocase de forma rotunda el indulto que le había concedido al inmueble el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considerando inejecutable la sentencia de derribo.

El demandante ya había augurado el mero talante dilatorio de la maniobra municipal puesto que, como confirman fuentes jurídicas próximas al proceso, son muy pocos los recursos de amparo que el Constitucional admite en casos de lo Contencioso-administrativo, pues la estrategia se ciñe a argumentar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que no cabía en este asunto.

Efectivamente, a través del auto emitido, el Constitucional deja el intento en agua de borrajas. Ni siquiera ha pasado la primera criba: al inadmitirse, el tema regresa por donde entró y no se abre expediente para que los jueces estudien el asunto. Casi un año, tal y como calculaban los mismos juristas, ganó el Gobierno local para aplazar la ejecución, para la que ya están preparando un proyecto, que tratan de consensuar con la comunidad de propietarios.

Una solución conjunta que tendrán que presentar en agosto pero para la que no se sabe si hay acuerdo. De hecho, en una reunión del pasado 17 de abril, según un resumen presentado en el juzgado, hubo discrepancias entre ambas partes. Los propietarios llegaron a amenazar con impugnar el proyecto de legalización si el Concello no aplica el plan general para legalizar el inmueble y así evitar el máximo de obras posible, un opción a la que el arquitecto contratado por el Ayuntamiento duda de que se pueda recurrir. Los propietarios van más allá y le comunicaron al representante técnico del Concello que, si no se atienden sus peticiones, su siguiente paso sería solicitar indemnizaciones.

Ante tal situación, el denunciante del edificio Conde de Fenosa advierte de que vuelven a intentar legalizar el inmueble sin realizar ninguna obra, a pesar de que pesa sobre él una sentencia firme del Tribunal Supremo que ordena la demolición de todos los trabajos que se realizaron en su momento -1997, durante el Gobierno de Francisco Vázquez- fuera de la ley.

"Lo que se pretende es hacer una interpretación torticera de la normativa vigente para amparar la legalización del edificio sin ejecutar la sentencia que ordena la demolición de las obras ilegales", reprocha el denunciante, que recuerda que estos trabajos son "todos los acometidos en el edificio" en su reforma. Para él, por lo tanto, los propietarios se están negando a "realizar ninguna actuación física o haciendo alguna irrelevante, para hacer como que se hace pero sin hacer nada". Constata que la documentación hecha pública por este periódico hace un mes revela que propietarios y Ayuntamiento coruñés podrían buscar que se decretara que la sentencia es inejecutable por cambios en la ley.

El denunciante ha preparado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dirigido a los autos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestimaron que se procediese a la ejecución según lo resuelto en un auto del año 2012. El argumento principal del denunciante es que se está pretendiendo aplicar de forma "tergiversada" unos artículos de la ley del suelo.