El acuerdo de organización del Concello, aprobado por unanimidad en el pleno del 23 de julio, incluye la revisión del reglamento de participación ciudadana. Los cuatro grupos con representación municipal -Marea Atlántica, en el Gobierno, y PP, PSOE y BNG, en la oposición- han pactado debatir la normativa vigente, que entró en vigor hace once años después de que el Ayuntamiento se viese obligado a dotarse de ella para cumplir con la ley de grandes ciudades.
El reglamento de 2004 fue aprobado con el apoyo del PSOE y el PP, y el voto en contra del BNG, pero varios de sus puntos básicos no llegaron a ser puestos en práctica por ningún gobierno. Es el caso del Consejo Social Coruñés, el Defensor del Vecino y los dos distritos administrativos, que debían decidir el 10% del gasto municipal en obras.
Los cuatro grupos municipales han creado ahora una comisión para la reformulación del reglamento de participación, en la que negociarán el cambio de la norma. En campaña electoral, Marea Atlántica incluyó entre las 25 medidas urgentes para aplicar en los cien primeros días de gobierno, varias propuestas referentes a la participación de la ciudadanía en las instituciones municipales, asunto que también figura en el programa como una de sus líneas de trabajo estratégicas.
Marea se comprometió a reformar el reglamento de participación de 2004, a "dotarlo de mayores competencias" y a "activarlo" para que sea una "verdadera herramienta" para los ciudadanos. En cuanto al Consejo Social, Marea Atlántica recogió que éste debería ser "el órgano básico de participación en instituciones" para asociaciones vecinales, culturales y otros colectivos.
La formación también incluyó entre sus medidas básicas la apertura de un turno de preguntas y propuestas en cada pleno ordinario para cualquier vecino o colectivo -ya previsto pero nunca puesto en práctica-, con obligación para el Gobierno de responder en un máximo de quince días. Otra de las primeras medidas que Marea se comprometió a cumplir es la descentralización de la gestión, con la creación de juntas de distrito como órganos de "corresponsabilidad" de gobierno y la apertura de los barrios a presupuestos participativos.
El programa del PP no incluyó ningún apartado específicamente referido a la participación ciudadana. En sus propuestas de reforma de la administración pública, pensadas principalmente para la relación municipal con empresas, está presente una medida relacionada con este asunto. Trata de la creación de una oficina única de tramitación de licencias a ciudadanos que debería contestar todas las solicitudes en el plazo de una semana.
El PSOE prometió en su programa poner en marcha presupuestos participativos, con un 20% de la inversión anual decidida por los propios ciudadanos. También incluyó entre sus medidas la reforma del reglamento municipal "para facilitar la presentación de iniciativas populares en los plenos" y se comprometió a realizar "dos plenos al año fuera de María Pita" y a debatir todas las mociones presentadas por los diferentes grupos. Los socialistas coruñeses se comprometieron, en caso de llegar al Gobierno, a crear una comisión de control de contrataciones municipales de la que participarían miembros de diferentes colectivos, como la Universidad, los sindicatos, el tejido asociativo o la Confederación de Empresarios.
La participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos municipales era una de las medidas con las que el BNG concurrió a las elecciones. En caso de gastos "con un importe económico elevado", el Bloque se comprometía a establecer consultas populares y, de estar en cuestión decisiones que pudiesen implicar "cambios considerables para la vida colectiva", los nacionalistas abrían la puerta al referéndum.
Otras medidas de los nacionalistas fueron la confección de un reglamento de centros cívicos para que los colectivos pudiesen programar en ellos, la colaboración con las asociaciones en la gestión de espacios públicos y el traslado de los proyectos de obras públicas a los vecinos.
