El pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad trasladar al Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña la auditoría a las ayudas a entidades y empresas vinculadas a la operación Zeta, la trama que defraudó, supuestamente, más de veinte millones en subvenciones a Administraciones públicas, según las conclusiones de la investigación desarrollada por el Grupo de Delincuencia Financiera de la policía.
Todos los grupos de la Corporación provincial, salvo Alternativa dos Veciños, que no asistió al pleno, estuvieron de acuerdo en dar cuenta al tribunal de las anomalías detectadas en 10 de las 15 subvenciones concedidas entre los años 2009 y 2012 a entidades vinculadas en la operación Zeta, ocho de ellas al supuesto cabecilla de la trama, el empresario Gerardo Crespo.
El asunto se zanjó sin debate. Ninguno de los partidos tomó la palabra para dar su opinión sobre el resultado de la auditoría que fue solicitada por el BNG en octubre de 2014 a raíz de que se levantase el secreto sumarial de la causa.
Como informó ayer este diario, Intervención detectó "infracciones muy graves" en diez subvenciones a entidades presididas por Gerardo Crespo (ocho de ellas) y el presidente de la Asociación de Vecinos de La Marina, Juan Sáenz-Chas, que es funcionario de la Diputación. Este dirigente vecinal, -a su vez presidente de la federación vecinal de la que es vicepresidente Gerardo Crespo-, obtuvo dos ayudas para actividades que el auditor duda que se hayan realizado.
El interventor comprobó que las ayudas a estas entidades sin ánimo de lucro para realizar diversas actividades, como talleres, jornadas de igualdad o rutas para personas con discapacidad, fueron subcontratadas al conglomerado empresarial de Gerardo Crespo.
Se trata de ayudas de escaso importe, que oscilaban entre los 498 y los 2.278 euros y que fueron facturadas por nueve empresas participadas por Crespo salvo en uno de los casos, en que era administradora única su mujer. El departamento provincial de Intervención intentó ponerse en contacto con las firmas, la mayor parte cerradas, para notificarle los resultados provisionales de las auditoría. Sin éxito.
La Diputación incoará ahora un expediente para recuperar el importe de las ayudas y sancionar a las entidades por infracciones muy graves. El interventor propone en su auditoría interponer a sus responsables una multa por el doble o el triple de la cantidad percibida.
La auditoría sí ha informado favorablemente los dos contratos adjudicados en 2009 y 2011 a la empresa Gecreri, de Gerardo Crespo, para la realización de dos cursos de tiempo libre por importe de 36.478 euros y para impartir una serie de talleres de empleo de la Rede Xiana (por 190.000 euros).
Las cuatro subvenciones concedidas a la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), investigada en la operación Zeta, han recibido también el informe favorable de Intervención.
La auditoría de la Diputación certifica el correcto uso de los 22.877 euros repartidos en cuatro subvenciones que percibió esta entidad para la celebración de diversas actividades relacionadas con la feria de muestras de autónomos de Galicia.
