Después de décadas de recortes de personal, la fábrica de armas de A Coruña dijo adiós en febrero de 2013 a su actividad por primera vez tras 76 años de trabajo ininterrumpido. General Dynamics, la multinacional norteamericana que gestionaba las instalaciones, anunció el cierre de la factoría y el despido de sus 177 empleados. Desde entonces, la histórica factoría fundada en tiempos de la Guerra Civil para abastecer de armas al bando franquista, se convirtió en uno de los puntos calientes de la actividad informativa y política de la ciudad.

Las movilizaciones, la oposición al cierre de todos los partidos del Consistorio y los encierros de los trabajadores no hicieron cambiar de opinión a la multinacional, que en junio de 2013 cerraba sus puertas. La batalla sindical, política y empresarial se centró a partir de entonces en forzar al Ministerio de Defensa -dueño del recinto- a convocar un nuevo concurso público que ofreciese una segunda oportunidad a la planta.

El primer grupo empresarial en mostrar su interés por el complejo fue el grupo IFFE, apadrinado inicialmente por el alcalde, Carlos Negreira, y que tendría como director a Ricardo Blanco. El segundo fue Hércules de Armamento, una compañía constituida expresamente para este concurso y que aparecía liderada por el que había sido director de la fábrica en la etapa final de General Dynamics, Ramón Mejuto.

Con estas dos ofertas sobre la mesa, Defensa licitó la gestión de la fábrica el 14 de abril de 2014, una medalla que se reparte entre varios actores. Por una parte, los extrabajadores de UGT, que mantuvieron meses después del cierre las movilizaciones, se otorgan el mérito de este cambio de postura ministerial. Por otra, Mejuto aseguró en una entrevista con este diario que el ministro Pedro Morenés optó por convocar el concurso después de que él le informase de que buena parte de la tecnología de la fábrica había sido financiada con dinero procedente del programa público Spike.

Después de meses de tensión entre extrabajadores y aspirantes -la antigua plantilla vinculada a UGT se posicionó a favor del proyecto de IFFE y acusó a Hércules de ser un "fraude"-, el 15 de septiembre de 2014 se dio a conocer el resultado de la mesa de adjudicación que otorgaba la mayor puntuación a Hércules de Armamento.

La nueva firma asumió desde entonces la gestión de la planta. Tras solicitar las licencias para comenzar la fabricación, anunció las primeras contrataciones de trabajadores, las primeras producciones para la industria civil y el registro de la patente de una pistola modular, diseñada íntegramente en A Coruña. El pasado 26 de octubre alcanzó la cifra de los 155 trabajadores, mínimo de empleados que se había comprometido a tener en nómina un año después de finalizar la concesión.

Por el medio, la nueva firma tuvo que hacer frente, además de a las denuncias ante Hacienda de UGT, a una "operación acordeón" -una maniobra financiera realizada para sanear las cuentas-, y a la salida del otro socio con el que Mejuto había iniciado el proyecto por discrepancias en torno a la gestión.

La pasada semana la empresa perdió la autorización de Defensa para fabricar armas después de que se quedase sin servicio de vigilancia por impagos. La dirección de la compañía confía en volver a la normalidad "lo antes posible" y asegura que cuenta con un total de 22 contratos "activos". "A dos meses vista se espera una ocupación del 80%", afirmó el lunes Mejuto en una comparecencia ante los medios. El director de Hércules acusó a los antiguos trabajadores de UGT que mantienen las movilizaciones a las puertas de la planta de espantar a posibles inversores y comprometer los puestos de trabajo.