Pocas semanas habrán mezclado como esta tres asuntos de tanto calado para la ciudad como la negociación del presupuesto del Ayuntamiento, el desarrollo urbanístico de los muelles y la mejora de la avenida de Alfonso Molina. Tres piezas claves del actual mandato municipal de cuya correcta definición, en especial los muelles y Lavedra, dependerá el futuro más inmediato del diseño de A Coruña.

Siete días de negociaciones de las que se desprende que el Gobierno local de Marea Atlántica encuentra menos dificultades para alcanzar acuerdos cuando el interlocutor se mueve más allá de Pedrafita. La frustrada, hasta ahora, negociación del presupuesto con el PSOE contrasta con los pactos entablados con el Gobierno central para buscar un acuerdo en la ampliación de Alfonso Molina y en la titularidad pública de los muelles, desde La Solana hasta San Diego, cuya venta estaba prevista desde 2004 para financiar la construcción del puerto exterior.

En los muelles, la reapertura de la negociación pone fin a un mes de duro enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria a cuenta de La Solana, después de que el Puerto ocultara al Gobierno local su acuerdo con la concesionaria de las instalaciones deportivas y el hotel Finisterre para subastar estos terrenos. El Ayuntamiento presentó su propuesta de adquisición de La Solana en plazo por los 1,4 millones que había tasado el Puerto, pero el ente, apoyado por la Abogacía del Estado, la rechazó porque considera que no supuso una solicitud expresa de compra.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, enmendó el viernes la totalidad de la gestión del máximo responsable de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, en este asunto y abrió una vía de entendimiento con el Gobierno local. Losada, enfrentado ahora al alcalde, Xulio Ferreiro, como lo estuvo al regidor socialista Javier Losada, porfió en subastar La Solana al mejor postor incluso después de que la Corporación municipal, incluido su partido, el PP, le exigiese la paralización de la puja y garantías de la titularidad pública de los terrenos. La intervención de Llorca conduce a un nuevo escenario de negociación cuyos protagonistas -Ayuntamiento, Puerto y Puertos del Estado- deben evitar que suponga un déjà vu del acuerdo similar que habían alcanzado diez meses antes y en el que apenas se ha avanzado. El Gobierno local y, por extensión, todos los partidos con representación en el Ayuntamiento ven cumplida su primera exigencia -la paralización de la subasta de La Solana-. Queda por concretar la fórmula para combinar la titularidad y gestión pública de los muelles cuando dejen de tener uso portuario con la necesidad de obtener recursos con los que pagar la construcción de la dársena exterior.

En Alfonso Molina, el acuerdo, también con el Gobierno central, estaba encauzado y solo quedaba trasladarlo a los planos. El Ministerio de Fomento se ha visto obligado a revisar el proyecto de ampliación porque su lenta tramitación durante el anterior mandato lo dejó "desfasado", en sus propias palabras. En agosto pasado y con un plazo de ejecución de un año, encomendó a uno de sus entes públicos, Ineco, la actualización del proyecto, en el que incluirá las propuestas pactadas con el Ayuntamiento.

El Gobierno local ha avanzado esta semana a la Dirección General de Carreteras sus propuestas para convertir realmente en avenida una vía con diseño de autopista. A ambos les queda concretar sobre el papel en próximas reuniones lo que después se trasladará al principal acceso por carretera a la ciudad, con el objetivo fundamental de que el proyecto no vuelva a quedar desfasado y, sobre todo, de que conductores, usuarios del transporte público, ciclistas y peatones se beneficien de la mejora.

Y la ruda ruptura de la negociación del presupuesto ha dado al traste con el preacuerdo inicial, alcanzado de madrugada el jueves. Marea culpa del fracaso al PSOE y el PSOE a Marea. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad. El PSOE, por anunciar públicamente como cerrado un pacto más favorable para él que el preacuerdo que realmente se había acordado. Marea, por romper drásticamente en lugar de intentar encauzar de nuevo el diálogo con petición de explicaciones a los socialistas por su exceso. Al final, la disputa lleva al nombre de Mar Barcón, a quien Marea no quiere para coordinar los proyectos y a quien el PSOE propone haciendo uso de su legítimo derecho a designar a sus representantes, aun sabiendo que amenaza la viabilidad del acuerdo presupuestario.