La decisión de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) de ceder al Concello por dos años la antigua cárcel provincial de la Torre ha abierto una ventana de oportunidad para este penal, que aspira a ganar una segunda vida más alejado de los fines represivos para los que fue concebido a inicios del siglo XX.
Sin embargo, ante un inmueble de tamañas dimensiones, con serios problemas de seguridad en algunas partes de su interior, se impone la clásica pregunta: ¿Qué hacer? La asociación cultural Proxecto Cárcere, la entidad que con más empeño ha luchado en los últimos años por reabrir esta infraestructura, tiene un plan que pasa por convertir la vieja cadena en un espacio autogestionado por la ciudadanía.
La propuesta, que ya está en manos del Concello desde finales de enero y que se puede consultar en la web de la asociación, apuesta porque la gestión diaria de la instalación la asuma un grupo activo de ciudadanos voluntarios, interesados en dinamizar su actividad y sin tutelas de gobiernos y partidos políticos. "Propondríamos que una vez establecidos los criterios de uso de este espacio, la intervención del Concello en el día a día del proyecto fuese mínima para permitir que el grupo activo de la cárcel pudiese desarrollar su actividad con tranquilidad, eficacia y autonomía", aseguran. Dado que la instalación ha sido cedida de forma temporal al Concello, sí plantean que se mantengan reuniones trimestrales "de igual a igual" entre el grupo coordinador de la prisión y el Gobierno local.
El objetivo final es poder convertir la cárcel en un edificio de usos múltiples. Por ejemplo, Proxecto Cárcere propone centrar parte del espacio al ocio y la convivencia, comenzando por las tres huertas urbanas que han obtenido en régimen de concesión por parte del Concello en el parque Carlos Casares, que rodea el penal. Para más tarde, se propone usar los espacios del presidio para la realización de mercadillos de trueque, comedores comunitarios, granjas escuela o talleres de bici.
Otro de los ejes sobre los que este colectivo ciudadano quiere que pivote el proyecto es la apertura de un Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos. La idea entronca con el pasado de la cárcel, que durante la Guerra Civil y la posguerra recluyó a cientos de simpatizantes de la República, muchos de los cuales acabarían siendo fusilados por el delito de pensar diferente. Tomando ejemplos de países como Argentina, Chile o Bosnia, proponen hacer un museo "dinámico" y consideran que se podría instalar aquí la futura sede de la Oficina Municipal de Atención a las Víctimas, que el pleno municipal apoyó abrir en la última sesión.
La producción artística también tendrían un papel protagonista en la futura cadena si se sigue el plan de Proxecto Cárcere. La entidad aboga por habilitar un vivero de artistas, que permita poner en contacto diferentes habilidades y estilos, así como espacios de pequeño, mediano y gran tamaño en los que se podrían hacer desde exposiciones, a conciertos, talleres o reuniones de colectivos informales, priorizando siempre a aquellos con problemas para acceder a otros espacios de la ciudad por problemas económicos. Como novedad, proponen habilitar una pista cubierta de patinaje, ante la demanda que hay en la ciudad de un espacio así por parte de los patinadores que ven en muchas ocasiones su afición frustrada por la lluvia. También ponen sobre la mesa la posibilidad de realizar actividades conjuntas con los reclusos del Centro Inserción Social Carmela Arias y Díaz.
El precario estado de conservación del edificio es otro de los frentes que preocupan a esta entidad, que apuesta por hacer una reforma por fases, de bajo coste y basada en criterios de sustentabilidad. En concreto, señalan la necesidad de rehabilitar de forma urgente las cubiertas y la estructura de base del edificio.
Otro de los asuntos peliagudos será el financiero. ¿Quien se encargará de hacer frente a las inversiones para mantener la instalación? Proxecto Cárcere entiende que los gastos de mantenimiento básico del edificio deben ser asumidos por el SIEP mientras que los gastos fijos, como el agua, electricidad o seguro de responsabilidad civil, tendría que costearlos el Concello. El colectivo también propone buscar vías de financiación propias para ganar autonomía, como la apertura de un bar de forma permanente o temporal, cobrar cuotas a socios, abrir convocatorias de donaciones, acceder a subvenciones públicas con el aval del Concello o alquilar espacios, de forma permanente o temporal.
