Quince años de azarosa actividad de Nostián

A pesar de que ese conflicto judicial todavía no está cerrado porque el fallo puede recurrirse, marca un punto de inflexión en la azarosa trayectoria de una planta que nació para resolver el problema de la gestión de los residuos urbanos en A Coruña en los últimos años del siglo XX. A continuación se repasan los principales acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia de la planta para responder a los numerosos interrogantes que se plantean los ciudadanos sobre su funcionamiento.

E¿Por qué se construyó la planta de Nostián? El 10 de septiembre de 1996 el vertedero municipal de Bens se desplomó y causó la muerte de una persona. Miles de toneladas de basura cayeron hasta la cala de O Portiño y un fuerte hedor invadió la ciudad. El alcalde Francisco Vázquez anunció poco después que el antiguo depósito se sellaría y sería sustituido por una planta de reciclaje para cambiar el modelo de tratamiento de los residuos de la ciudad. El concurso para gestionar la planta se convocó en 1997 y al año siguiente fue adjudicado a la unión temporal de empresas formada por Babcock Kommunal y Tecmed (en la actualidad Urbaser), que utiliza la denominación comercial de Albada y que explotará las instalaciones hasta 2019. Pero sobre esa fecha existen discrepancias, ya que si se tiene en cuenta la adjudicación de la concesión ese será el año en que finalice, aunque si se toma como punto de partida la inauguración oficial de la planta, deberá retrasarse hasta 2021.

E¿Cómo se inició la actividad? A pesar de que la planta se inauguró oficialmente el 19 de enero de 2002, en noviembre de 1999 ya empezó a recibir basura inorgánica, mientras que la orgánica comenzó a llegar en septiembre de 2000. Ese año se inició la separación de los residuos en los hogares coruñeses, a los que se repartieron cubos con dos espacios diferenciados para los desechos orgánicos e inorgánicos. El hecho de que las instalaciones de Nostián no estuvieran aún activas cuando empezaron a llegar los desechos hizo que en 2001 se llenase la primera celda del vertedero que acoge los residuos no tratados, los llamados rechazos.

E¿Hubo problemas de funcionamiento? En septiembre de 2002, poco después de iniciarse la actividad de la planta, uno de los biodigestores de residuos orgánicos reventó a causa de su diseño defectuoso, lo que retrasó el comienzo de la producción de electricidad mediante biogás. Ese año también se colmató la segunda celda del vertedero ante la llegada de múltiples rechazos.

E¿Cómo se resolvió el problema de los vertederos? La imposibilidad de arrojar más residuos en los vertederos construidos en el recinto de la planta obligó a Albada a buscar una alternativa. En 2008 recibió autorización de la Xunta para trasladarlos a un vertedero situado en el municipio de Cerceda, donde los depositó hasta el año siguiente, en que pasó a dejarlos en otra instalación de Sobrado dos Monxes. Desde 2013 lo hace en un vertedero del municipio coruñés.

E¿Cómo afectaron estas dificultades a la empresa? Los sucesivos contratiempos sufridos en su actividad llevaron a Albada a solicitar en 2009 al Ayuntamiento que restableciese su equilibrio financiero mediante la entrega de 32,5 millones de euros. La concesionaria justificó esta cantidad Albada por el coste de las mejoras realizadas en la línea de tratamiento de la basura inorgánica, valoradas en 967.000 euros; en los trabajos de ampliación del vertedero por 8,8 millones; en la construcción de las naves de elaboración de combustible derivado de residuos, calculada en 9,7 millones; en la explotación de esas naves entre 2011 y 2014 por valor de 508.000 euros; en el tratamiento de los rechazos de 2007 a 2010, estimado en 10,6 millones; en las obras de ampliación de la nave de compostaje, valoradas en 281.000 euros; el sellado de la primera celda del vertedero, que costó 994.000 euros; y el mantenimiento de ese depósito tras su clausura, calculado en 649.000 euros.

E¿Cuál fue la reacción del Concello ante esa petición? El Gobierno local de PSOE y BNG aceptó de forma parcial la reclamación de la empresa en 2011, pero no satisfizo todas sus pretensiones, por lo que Albada acabó presentando un recurso judicial en 2015. En el mismo año 2011, días antes de las elecciones, el Ejecutivo municipal aceptó entregar 3,37 millones de euros cada año a Albada, que había reclamado al Concello una compensación por los sobrecostes que según ella habían surgido en el tratamiento de los residuos. Desde entonces, esa cantidad se ha venido entregando a la concesionaria.

E¿Por qué se generan tantos rechazos? Albada culpa al escaso porcentaje de separación de residuos que se realiza en los hogares de que haya mucha basura que no pueda tratarse, aunque los expertos que analizaron la gestión de la empresa aseguran que ese nivel es similar al del resto de ciudades españolas. Hasta la llegada al Gobierno local de Marea Atlántica, la única campaña que se realizó en A Coruña para fomentar la separación en los domicilios fue la desarrollada en el año 2000, cuando se llevó a cabo la entrega de los cubos con doble espacio para los residuos.

E¿Produce compost la planta? La basura orgánica que pasa por los biodigestores es aprovechada para la fabricación de compost, pero este producto que se utiliza para la fertilización de suelos nunca ha sido comercializado. En un principio Albada no pudo hacerlo porque la Xunta no se lo permitió al no alcanzar el producto la calidad requerida, por lo que fue empleado para el rellenado de taludes y para la creación los llamados tecnosuelos. En la actualidad, según se menciona en la sentencia hecha pública esta semana, el compost no se pone a la venta por la ausencia de un mercado para este abono.

E¿Qué supuso la llegada del PP a la Alcaldía? Los populares se habían mostrado críticos con la planta desde su construcción y anunciaron que realizarían auditorías sobre su funcionamiento, que encargaron en noviembre de 2011, poco después de su acceso al Gobierno local. Los informes se concluyeron al año siguiente, pero el PP se negó a hacerlos públicos pese a las reclamaciones de la oposición y solo admitió hacerlo en 2013 tras ser condenado por un juzgado ante la denuncia presentada por el BNG. Las auditorías revelaron que Albada pasaba serios problemas para desarrollar su actividad y que su viabilidad económica estaba en riesgo. El PP había anunciado además al comienzo de su mandato que solicitaría la declaración de lesividad para el acuerdo por el que se entregan 3,37 millones a la empresa, pero no lo hizo hasta marzo de 2015, a pocos meses de las siguientes elecciones municipales.

E¿Hay más conflictos judiciales entre Albada y el Concello? La empresa reclamó en 2013 que se le abonen 14,7 millones de euros más por el tratamiento de la basura ese año, cantidad que calcula mediante el uso de una fórmula polinómica, mientras que el Concello argumenta que debe emplearse el IPC, como se hizo entre 2003 y 2012. Ambas partes se enfrentaron también por la obligación de sellar el último vertedero que se creó en la planta, en el que se dejó de arrojar basura en 2008, ya que la concesionaria aseguró que las obras debían ser costeadas por el Concello, que a su vez atribuía esta responsabilidad a Albada. La Xunta dio finalmente la razón a la administración municipal hace un año, pero la empresa todavía no ha llevado a cabo los trabajos .

E¿Ha habido problemas laborales en el complejo? El más importante de los conflictos surgidos en la planta fue la huelga que se desarrolló entre julio y noviembre de 2013, ya que duró 108 días. Los trabajadores reclamaron mejoras salariales y de sus condiciones laborales, para lo que llevaron a cabo movilizaciones. Albada denunció al comité de huelga por los desperfectos ocurridos en la planta, así como en camiones y contenedores, además de por la actividad de los piquetes, a los que acusó de coaccionar a los empleados.

E¿Qué supone la sentencia de un juzgado coruñés dictada el pasado lunes? El Juzgado de lo Contencioso número 2 de A Coruña desestimó parcialmente la reclamación de Albada para que el Concello le entregue 32,5 millones y solo admitió que se le abonen 4,6 millones como compensación por la construcción de uno de los vertederos existentes en la planta. La sentencia, que puede ser recurrida, niega que los problemas padecidos por las instalaciones sean responsabilidad del Concello, ya que se los atribuye al mal diseño de la planta y a las previsiones erróneas sobre el volumen de rechazos que recibiría. El juez acusa a la compañía de hacer cálculos "demasiado optimistas" sobre la cantidad de residuos que no podría tratar y rechaza que los coruñeses separen la basura en sus domicilios de un modo "excéntrica o extraña", ya que el volumen de rechazos es muy similar al del resto de España. Para ello se recuerda que el director de Medio Ambiente en la época de la adjudicación, Fernando Roade, declaró que el pliego de condiciones del concurso ganado por Albada "no contemplaba ni siquiera una horquilla sobre un posible escenario de porcentaje de rechazos". El fallo responsabiliza también a la propia Albada de la insuficiente generación de electricidad en la planta con relación a las estimaciones que había realizado y llega a decir que indemnizar a la empresa supondría "recompensar al contratista objetivamente incompetente e incumplidor de las obligaciones que tenía como licitador en primer lugar y como adjudicatario luego de la concesión".

E¿Pone punto final este fallo al conflicto? Concello y Albada no han comunicado todavía si recurrirán la sentencia, ya que la están estudiando para determinar si es conveniente para sus intereses. Si el Gobierno local acepta el fallo, tendrá que compensar a la concesionaria con una cantidad próxima a los 5 millones de euros, ya que habrá que actualizar la cifra de 4,6 millones desde 2009 de acuerdo con el IPC y sumar los intereses. El Partido Popular considera que el fallo debe ser incorporado a la declaración de lesividad del acuerdo por el que se entregan a la concesionaria 3,37 millones anuales por sobrecostes en el tratamiento de los residuos, ya que da razones al Concello para anular ese pacto y recuperar las cantidades entregadas desde 2011, que estima en 15 millones de euros. Para los populares, la sentencia se basa en los datos aportados por las auditorías encargadas en su mandato, de las que el Consello Consultivo de Galicia no disponía cuando avaló el acuerdo en 2011.