A la espera de la nueva reunión a tres bandas entre Puertos del Estado, Puerto de A Coruña y Ayuntamiento, el Gobierno pone sobre la mesa sus condiciones para negociar el mantenimiento de la titularidad pública del suelo de La Solana y de los muelles que queden sin uso con la plena operatividad de la dársena exterior. El Ejecutivo de Mariano Rajoy impone como punto de partida de la negociación la estabilidad económica de la Autoridad Portuaria, que debe hacer frente a una deuda de 300 millones de euros por la construcción de punta Langosteira. Pero remarca que "el compromiso" es combinar la demanda municipal de que el suelo siga siendo público con el desahogo económico del Puerto.
El posicionamiento del Gobierno, del que depende el Puerto de A Coruña, aunque su presidente es nombrado por la Xunta, queda reflejado en una respuesta parlamentaria al diputado coruñés de En Marea Antón Gómez-Reino. "La negociación -expone en su contestación parlamentaria- ha de partir de la base de que la viabilidad económica-financiera del Puerto es prioritaria, por lo que el compromiso es el de buscar la fórmula jurídica adecuada para tratar de mantener una gestión y titularidad pública de estos terrenos". El encaje de la petición municipal, avalada por la Corporación, con las necesidades económicas del Puerto debe dar con una solución, remarca el Gobierno central, "que permita obtener los recursos necesarios para afrontar los compromisos de la Autoridad Portuaria respecto a la deuda generada por la construcción del puerto exterior". La negociación abarca las parcelas de La Solana y el hotel Finisterre, y los muelles de San Diego, Batería y Calvo Sotelo.
El Ayuntamiento propone como salida la constitución de un consorcio público, integrado por todas las administraciones, para el desarrollo urbanístico de los muelles liberados. A la espera de que el Concello defina las condiciones y el reparto de cargas en ese ente, la Xunta ha avanzado que acepta entrar en él. El Ayuntamiento se inspira para esta fórmula en los modelos de desarrollo portuario de Bilbao y Valencia.
El presidente del Puerto, Enrique Losada, abogó ayer por encontrar una "posición equilibrada, coherente y racional" entre la evidencia de que su ente debe afrontar una deuda millonaria y el "deseo lícito" municipal de "poder ordenar el frente marítimo". "Hay que buscar un equilibrio, lógicamente", remachó.
No se refiere el Gobierno en su respuesta a la posibilidad de aceptar una quita en la deuda de 200 millones que el ente mantiene con Puertos del Estado por el préstamo concedido para financiar la obra. Otros 126 millones los adeuda al Banco Europeo de Inversiones por otro crédito.
Preguntado ayer por esa quita, demandada por unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, el presidente del Puerto respondió que "cualquier ayuda es magnífica", aunque, con menos expresividad, adujo que "otro tema es que sea posible o factible que esa situación se produzca".
El presidente de la Autoridad Portuaria no ha solicitado expresamente esa quita en la deuda con Fomento, pero sí que el Estado asuma el coste de la construcción de la conexión ferroviaria de punta Langosteira, imprescindible para la plena operatividad de la dársena exterior. En esa demanda, también cuenta con el apoyo de la Corporación municipal en pleno. En su respuesta, el Ejecutivo de Rajoy no se refiere a esa obra, presupuestada en algo más de cien millones de euros y que no figura en sus previsiones de inversiones.
