La propietaria del after hour Paseo Marítimo, Inés Arboleya, expone que ha presentado alegaciones al expediente sancionador por exceso de ruido propuesto por la Sección Municipal de Disciplina Urbanística. La dueña, que regentó el Flash en el Agra, cuestiona los sistemas de medición de ruido de la Policía Local y asegura que "los decibelios están por debajo de lo que marcan".
La multa económica alcanzaría los 110.000 euros y además podría desembocar en el cierre durante dos años del local, que está ubicado en los soportales del paseo marítimo. Fueron los vecinos de la zona los que denunciaron en varias ocasiones que los usuarios del after son causantes de ruidos, peleas e inseguridad.
La propuesta de sanción parte de dos presuntas infracciones, una muy grave y otra grave, ambas por superar los niveles de ruido permitidos. La muy grave se detectó entre las seis y las siete de la madrugada del domingo 23 de julio, en un piso de la calle Socorro. Las mediciones sonoras realizadas por la Policía Local registraron 35 decibelios, diez por encima del máximo legal permitido a esa hora del día. En 2016, el control policial en dicha vivienda a las ocho de la mañana también un domingo había arrojado un resultado de 42 decibelios, superando en siete el tope autorizado a esa hora. En ambos casos, el ruido procedía del Paseo Marítimo, que funciona con licencia de cervecería y está abierto de madrugada, "Es un local normal de 50 metros cuadrados que según los vecinos tiene ruido, pero según mi ingeniero, no", manifiesta su propietaria, Inés Arboleya.
El local del Orzán expedientado por el Concello ya evitó en abril del año pasado una orden de cierre nocturno, también a consecuencia de un registro de decibelios por encima de lo permitido en horario nocturno. La dueña del after hour presentó entonces al Ayuntamiento documentación en la que acreditaba que había corregido las deficiencias observadas por el 092 en las mediciones de ruido. La administración advirtió a la mujer de que su local debía ajustarse a la normativa en materia de prevención de contaminación acústica, pero en dos ocasiones más, el establecimiento incumplió la norma. Ahora se expone al cierre durante dos años y una multa de 110.000 euros, según el expediente sancionador de Disciplina Urbanística.
