El desarrollo de la Ciudad de la Tecnología de As Rañas y el Parque Alto se frena quince meses después de que sus promotores lo activaran. Errores en la propuesta para comenzar la tramitación ambiental del documento, presentada por propietarios de ese suelo, paralizan este desarrollo y obligan a retomarlo desde el principio. El Ayuntamiento declarará mañana la caducidad y archivo del proceso abierto en diciembre de 2016 "por causa imputable al interesado", por no haber subsanado las deficiencias de las que fueron advertidos, como acreditar que poseen el 50% del suelo del ámbito.
Esta urbanización suma casi un millón de metros cuadrados, delimitados por Pocomaco, Marineda City, Alcoa y la AG-55. La mitad se reservan para un gran espacio verde público y la otra mitad, para la instalación de industrias, oficinas y comercios, según figura en el plan general. La Ciudad de la Tecnología y el Parque Alto supuso la mayor reserva de suelo empresarial y la mayor recalificación urbanística introducida en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, consumada un par de semanas antes de la aprobación inicial del documento, en diciembre de 2009.
Los terrenos pasaron de suelo rústico a urbanizable a través del convenio firmado por el Gobierno local, entonces de coalición entre PSOE y BNG, y los propietarios del 57% de la superficie. Entre ellos, figuraban algunos de los promotores inmobiliarios más conocidos de la ciudad, como Inmobiliaria Costa Coruña, de Manuel Soto, fallecido en 2016; Anjoca, de Ángel Jove; y Promotora Urbanística Las Rías, de José Collazo; y los dueños de las instalaciones mineras dentro del ámbito: Canteras de Pescas y Prebetong.
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El convenio establecía que los promotores disponían de un máximo de seis meses para iniciar la tramitación del desarrollo desde la aprobación definitiva del plan general, que entró en vigor en julio de 2013. El primer paso lo dieron tres años y medio después de esa fecha. El 19 de diciembre de 2016, propietarios del suelo, agrupados en una comisión gestora, solicitaron al Ayuntamiento el comienzo del trámite de evaluación ambiental. Dos días después, el Ayuntamiento les comunicó la apertura del expediente y les advirtió por primera vez de su obligación de acreditar que el planeamiento propuesto estaba aceptado por los titulares de, al menos, el 50% de la superficie.
La comisión gestora contestó veinte días más tarde que aportaría los títulos de propiedad en un plazo de 45 días, aunque consideraba que la exigencia era innecesaria porque el convenio urbanístico de 2009 había sido rubricado por los dueños del 57% del suelo.
La documentación que aportaron en marzo de 2017 resultó de nuevo insuficiente para el Concello, que además advirtió de que tampoco acreditaba que los promotores de la evaluación ambiental representaran la mitad de la superficie. Entre otros defectos, el Concello detectó incongruencias entre la propuesta formulada y las delimitaciones del plan general para la urbanización, la ausencia de los caminos de titularidad municipal en los planos presentados con el proyecto, y la falta de detalle en las parcelas que están entre A Coruña y Arteixo.
En esa comunicación, de agosto pasado, el Ayuntamiento otorgó a los promotores treinta días para aportar nueva documentación, con advertencia de que, pasados tres meses sin recibir respuesta, declararía la caducidad del expediente. Un mes después, los promotores aportaron una copia de la solicitud de documentación al Catastro y fotocopias de fichas de este ente, y anunciaron que aportarían más documentación "con posterioridad". En diciembre, superado el plazo de tres meses, el Ayuntamiento consideró que los promotores no habían presentado "la documentación exigida en la legislación urbanística" y que "tampoco se enmendaban las deficiencias" advertidas por el área municipal de Rexeneración Urbana en sus respuestas. En algunos casos las fichas catastrales correspondían a parcelas localizadas fuera de este ámbito o no se presentaban de todas las fincas.
