El Gobierno vasco se sumó ayer al llamamiento de las familias de José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga, los jóvenes coruñeses desaparecidos en marzo de 1973, y reclamó a ETA y a quien pueda tener información sobre su paradero, que lo comunique "por cualquier medio", "por humanidad y por empatía" con el sufrimiento de sus familias, aseguró el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo, Jonan Fernández.
El Gobierno Vasco y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco presentaron ayer en Vitoria el Informe sobre la desaparición de los tres trabajadores coruñeses residentes en el País Vasco, en el día en el que se conmemoraba el 45 aniversario de este suceso, junto al director del informe y responsable de la cátedra Jon Mirena Landa y Bertha Gaztelumendi, respectivamente.
El dictamen recoge que la versión periodística más extendida, "aunque poco solvente por su constante variación en la versión de los hechos", fue que tres jóvenes gallegos se dirigieron a Biarritz la tarde del 24 de marzo de 1973 y "refugiados vascos" los confundieron con policías españoles. Señala que les agredieron, los introdujeron en un coche, los mataron y los hicieron desaparecer. A lo largo de 40 años se abrieron dos investigaciones judiciales y ambas se cerraron.
El secretario general de Derechos Humanos presentó el informe como un "apoyo explícito a la exigencia de clarificación del pasado en este caso" y como "una contribución a una memoria crítica y compartida de lo ocurrido", así como un acto de reconocimiento institucional a las familias "por el daño injusto sufrido, agravado por el olvido padecido". "Ni podemos ni debemos renunciar a que estas tres familias puedan tener acceso al derecho a la verdad, al derecho a saber qué ocurrió. Han pasado 45 años. El único modo de que estas familias puedan encontrar un poco de alivio y una aproximación a la verdad es saber qué ocurrió con sus tres familiares y dónde se encuentran. Un medio de poder saberlo es que quién pueda tener alguna información la comunique", añadió.
Fernández justificó que en el informe no se atribuyen estas desapariciones a ETA porque se trata de un caso "no esclarecido" y señaló que el documento revela que las informaciones que existen del caso "son confusas" pero reconoció que existe una hipótesis que es la que "acumula más indicios, sobre todo al principio", que sitúa la autoría de estas desapariciones "en torno a ETA o a un grupo de refugiados vascos que se podría haber encontrado con ellos en una taberna de una localidad del País Vasco francés".
Como esta posibilidad "judicialmente no ha llegado a probarse", el Gobierno Vasco "no niega nada" sino que "expone lo que existe". "No podemos afirmar taxativamente lo que, hasta el momento, no han confirmado lo tribunales", dijo el alto cargo del Gobierno vasco.
Preguntado sobre si se suma al llamamiento a ETA hecho por la familia de Humberto Fouz Escobero para que revele dónde se encuentran los restos mortales de este trabajador y de sus dos compañeros, Fernández señaló que comparte este llamamiento de las familias, así como la perspectiva sobre "cuál puede ser la hipótesis más probable de autoría".
El Gobierno vasco ha activado la dirección de correo electrónico desagertuak@euskadi.eus para que se pueda remitir cualquier dato o información sobre las "cinco desapariciones forzosas que, en el marco del caso vasco, quedan pendientes de esclarecer" entre las que citó el caso de los tres jóvenes coruñeses, el caso Pertur, y el caso de José Miguel Etxeberria Naparra.
En la presentación del informe, su director, Jon Mirena, aseguró que han detectado un "déficit claro en la actividad de la Justicia", tanto de España como de Francia, y denunció que durante la recogida de información no habían podido acceder a la instrucción abierta por la Audiencia Nacional en 2005.
También destacó que en la instrucción abierta por el Juzgado de San Sebastián en 1974 han detectado que el movimiento instructor "es confuso", ya que hay una especie de "freno echado" por parte del juez instructor en la recogida de pruebas o en el hecho de que no se solicitara a Francia la puesta en marcha de una investigación criminal. "Parece que el instructor no quiere buscar", criticó. Además, calificó de "sorpresiva y abrupta" la decisión del juez de declararse "no competente", de forma que se archivó temporalmente el caso "sin una motivación".
El informe defiende que "la desaparición es actual" y el delito sigue cometiéndose ya que "hoy se sigue sin saber cuál es el paradero de los tres gallegos". Su ausencia sigue produciendo sufrimiento a las familias. Sus autores afirman que este documento "no puede aspirar a proporcionar la respuesta que el derecho a la verdad demandaría", pero sí puede contribuir a "un mayor conocimiento y reconocimiento social, político e institucional de un caso de triple desaparición" que ha permanecido "oculto y ausente en el debate sobre violaciones de derechos humanos".
Los responsables del informe proponen a las instituciones vascas que anualmente se recuerde las desapariciones, "aunque sea simbólicamente" para que "se agiten las aguas" con el objetivo de "quien tuviera una información la pueda hacer llegar" y que esta campaña no sea fruto de un día por la presentación de un informe sino que haya "una vía sistemática para que la información pueda llegar". Según explicó, el 24 de marzo podría ser el día en el que todos los años se recuerde a los desaparecidos y se haga un llamamiento "para que quien sepa algo de ello lo diga".
