El fuerte tirón de la venta de viviendas usadas en toda España ante el descenso de la actividad constructiva tiene una repercusión positiva para las arcas municipales, ya que la recaudación por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -conocido popularmente como la plusvalía- se ha disparado. En el caso de A Coruña, los 8,1 millones obtenidos en 2017 constituyen la cantidad más elevada en los últimos diez años, hasta el punto de que doblan la contabilizada en 2008, el año de inicio de la crisis económica, cuando se recaudaron 4,2 millones.
La tendencia en A Coruña es similar a la apreciada en el resto de Galicia, donde 2016 fue el año en el que la plusvalía batió su récord histórico al alcanzar los 47,6 millones recaudados, un 15% más que en el ejercicio anterior. En la ciudad se obtuvieron entonces 8 millones de recaudación por este impuesto, la misma cantidad que el Gobierno local consignó como previsión para 2018 y que podría verse superada, a la vista del resultado de 2017.
El incremento en los ingresos se produce además a pesar de que numerosos contribuyentes deciden solicitar la devolución de la cantidad ingresada por el Concello tras el fallo del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 que declara ilegal el cobro de este impuesto cuando no se ha producido un aumento de valor del inmueble vendido.
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Esa situación existe en un muchas de las transacciones efectuadas tras la crisis debido a la depreciación de las propiedades, por lo que ante las sentencias favorables a recursos planteados por contribuyentes, el Concello decidió presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que analizará ahora si el fallo del Constitucional le obliga a devolver las plusvalías cobradas, incluso sin comprobar que no hubo aumento del valor de la propiedad. El perjuicio que puede causar a los ayuntamientos la devolución del impuesto movió al PP a aprobar en solitario en el Parlamento gallego la solicitud al Gobierno de que se pueda afrontar esa obligación con el superávit de las arcas municipales.
El Gobierno local coruñés apuesta por mantener el cobro de la plusvalía mientras el Ministerio de Hacienda no apruebe un nuevo sistema para determinar cómo se aplicará el impuesto, así como la fórmula para devolver lo recaudado a quienes se les cobró de forma indebida. El departamento estatal y la Federación Española de Municipios y Provincias están a punto de alcanzar un acuerdo sobre estos aspectos que repercutirá sobre numerosos ciudadanos, ya que se estima que unas 18.000 personas vendieron propiedades en los últimos años por debajo de su anterior valor.
