05 de mayo de 2018
05.05.2018

La recaudación de la ORA descendió cuando Doal declaraba más trabajo del que hacía

El Concello niega devolver la garantía hasta que calcule la compensación que exigirá a la firma porque, entre otras conclusiones, había operarios adscritos no prestaban el servicio o lo hacían de manera parcial

05.05.2018 | 11:54
Trabajador de la ORA, ya con la nueva concesionaria, en febrero de este año.

El Gobierno local sospecha que la exconcesionaria de la ORA y la grúa, del grupo Vendex, pudo "enriquecerse injustamente" a costa de las arcas municipales, al detectar incongruencias en su declaración de gastos y de ingresos, sobre los que se calculaba el canon que debía pagar al Concello. ¿Cómo? Entre otras cuestiones, varias sentencias laborales revelan que trabajadores adscritos al servicio no lo prestaban, lo hacían parcialmente o incluso realizaban labores en otras contratas municipales de Vendex. Sin poder comprobar si se hizo de manera consciente, también se detectaron incoherencias entre la base de datos de las denuncias y la recaudación finalmente declarada. El Ejecutivo quiere calcular cuál es el daño antes de devolver la garantía a la empresa

La recaudación y las denuncias que realizaban de media los operarios de la ORA se desplomaron entre 2006 y 2012. El Concello señala que esta caída, de hasta la mitad en algún ejercicio, "puede resultar fácilmente explicable" porque parte de los trabajadores que la antigua concesionaria, Doal, declaraba y computaba como gastos de la concesión "no desempeñaban realmente sus tareas en el mismo o no lo hacían con la dedicación declarada por la empresa", una realidad "acreditada" en parte por sentencias judiciales de juicios por despido de trabajadores a los que no subrogaron cuando cambió la concesionaria en 2015.

La junta de gobierno aprobó ayer exigir a la contrata, del grupo Vendex, que le indemnice, al ver un "enriquecimiento injusto" de la empresa y un daño al erario municipal "igualmente injusto" en la gestión de la grúa y la ORA. Uno de los informes elaborados por la consultora externa Deloitte en 2013 desveló que la recaudación por empleado tocó techo en el ejercicio de 2006, con 50.531 euros. Fue decreciendo a 50.157 en 2007, 44.075 en 2008, 38.280 en 2009 y 36.018 en 2010, recuperándose en 2011 y 2012 tras el cambio de gobierno y la puesta en marcha de algunas medidas de control. La misma línea descendente siguió la ratio de denuncias por empleado, que eran 4.309 en 2006, tocaron fondo en 2009 con 2.314 y también invirtieron tendencia a partir de 2011.

El Concello opina que las anomalías laborales detectadas habrían lastrado la prestación del servicio, adjudicado por diez años a Doal por el Gobierno de Francisco Vázquez, con un contrato de 3,4 millones que obligaba a la empresa a entregar al Ayuntamiento el 95% del excedente, calculado en función de los ingresos y los gastos. "La realidad puesta de manifiesto en las sentencias analizadas muestra un servicio prestado por personas vinculadas al grupo Vendex que realizaba funciones en otras contratas", indica un informe de Asesoría jurídica que justifica la resolución municipal.

Además de este "supuesto de fraude", el Concello analiza una "posible desviación en los ingresos declarados en concepto de recaudación" puesto que hay al menos un 1% de entradas en la base de datos que no consta como recaudación. Es por eso que el Concello exige a la empresa que le envíe toda su base de datos en soporte informático para contrastar los datos. Cree la Asesoría jurídica que, por lo menos, el sistema de control de la empresa no funcionó y que resulta "imposible acreditar una manipulación o un mal funcionamiento intencionado de la base de datos".

Según el acuerdo de esta mañana, la concejalía de Mobilidade Sostible determinará "exactamente" la compensación que le reclamará a la empresa en función de los "gastos de personal imputados indebidamente" a lo largo del contrato o de la incongruencia de cifras en la recaudación. Según lo acordado, el Concello pretende, en el marco de la liquidación del contrato de la grúa acabado en 2015, restar la compensación de la devolución de la garantía, con indemnización por los incumplimientos de contrato.

La empresa reclamó en 2016 este anticipo, de un millón de euros, 1,45 millones en concepto de atrasos y revisiones de precios hasta el 30 de abril de ese año y 384.760 euros por intereses de demora. El anterior Ejecutivo había manifestado, en abril de 2015, su disposición a la devolución extraprocesal de esos 1,45 millones de euros. La decisión nunca se formalizó. La empresa ha amenazado con denunciar al Gobierno por retener su garantía.

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