El denunciante de las irregularidades urbanísticas cometidas en la construcción del edificio Conde de Fenosa, Valentín Souto, acusa al Ayuntamiento de "seguir postergando" la ejecución de la demolición de inmueble con la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimara el incidente de nulidad de actuaciones que intentaba evitar la ejecución de la sentencia del Supremo de marzo de 2016, Souto alerta de que acudir al Constitucional "no tendrá recorrido" y solo seguirá demorando el derribo del edificio. "Desde 2006 siguen inventándose recursos y nosotros seguimos sufriendo la estrategia dilatoria", denuncia.

Y no solo acusa al Concello de alargar los tiempos recurriendo una y otra vez a los tribunales, sino que acusa a estos de lentitud en las decisiones y de no actuar de oficio para hacer cumplir el fallo que dictó la demolición del inmueble. "¿De qué vale una sentencia si no se ejecuta?", se pregunta el denunciante, que califica la situación de "indignante". Justamente, y tras este nuevo revés para el Ayuntamiento, Souto espera ahora por un recurso presentado ante el TSXG en mayo en el que pide, nuevamente, el derribo inmediato, con un plazo de seis meses para el inicio de las obras. Lamenta que, si esta última apelación del Gobierno local tardó más de nueve meses en resolverse por parte del alto tribunal gallego, el que él mismo dio hace dos meses se demore unos cuantos más.

"¡Hasta dónde vamos a seguir!", recrimina el denunciante en alusión a los numerosos recursos de la administración local, que cuenta, rememora, con cuatro incidentes de inejecución de sentencia y seis recursos ante el Supremo. Es más, para validar su afirmación de que el Constitucional tampoco dará la razón al Ayuntamiento en sus pretensiones, recuerda que este ya acudió varias veces en el pasado sin que los jueces admitieran a trámite sus peticiones. Pese a la situación, y asumiendo que la dilación de plazos es su objetivo, Souto considera que "no hay duda" de que los servicios jurídicos municipales intentarán acudir, como último paso, a este tribunal estatal.

"Están esperando a que me arruine o tenga dificultades en mi vida", denuncia, y recuerda que el 15 de diciembre de este mismo año se cumplirán 21 de la primera denuncia presentada contra las irregularidades en el edificio. Mientras él, subraya, sigue intentando conseguir su cometido, el Concello, recuerda, "sigue pagando recursos con nuestro dinero".

La sentencia de marzo del Supremo, de 2016, que intentaba frenar el Concello en su último recursos ahora desestimado descarta la posibilidad de legalizar el inmueble mediante la demolición solo de algunas partes y concluye que solo se puede hacer devolviéndolo al estado previo a las obras ilegales de 1997 aprobadas por el Gobierno local de Francisco Vázquez. Desde la primera sentencia del Superior, de 2001, que ordenaba el derribo, y la confirmación en 2006 por parte del Supremo, los sucesivos Ejecutivos municipales, de PSOE, PP y Marea, han promovido todo tipo de iniciativas judiciales para impedirlo. En esta última etapa, el actual Gobierno municipal proponía la reforma parcial que ya ha recibido la negativa de los tribunales.