24 de julio de 2018
24.07.2018

El Concello recurrirá al Constitucional para evitar la demolición total del edificio Fenosa

El Gobierno local se apoyará en el voto particular de un magistrado del Superior que, en contra del resto del tribunal, respalda que sea analizada la propuesta municipal de derribo parcial

24.07.2018 | 01:26

El voto particular de uno de los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al incidente de nulidad de actuaciones con el que pretendía evitar el derribo total del edificio Fenosa servirá al Ayuntamiento de A Coruña para fundamentar su recurso al Constitucional que intentará impedir una vez más que se consume la sentencia del Supremo que obliga a devolver el inmueble al estado anterior al año 1997. "Agotaremos las vías para conseguir un pronunciamiento", manifestó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, quien señaló que se desconoce el coste que tendría la demolición total, que además daría pie a que los propietarios de los pisos y locales comerciales exigiesen al Concello compensaciones millonarias por haber autorizado una licencia ilegal.

Según Ferreiro, el voto particular emitido por uno de los cuatro magistrados del Superior "abre una nueva vía que refrenda la tesis municipal", hasta el punto de que, según dijo, justifica un recurso de amparo ante el Constitucional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. En el auto dictado por el tribunal, que fue adelantado por LA OPINIÓN el pasado sábado, uno de los magistrados se decanta por estimar el incidente de nulidad al apreciar un "defecto de jurisdicción al no dar respuesta a la pretensión de imposibilidad legal articulada por la administración local ni su reverso, articulado por la ejecutante".

Para el Gobierno local, el tribunal "debe conocer y pronunciarse sobre el fondo de la cuestión", que sitúa en la "inejecución de la sentencia por imposibilidad legal", asunto sobre el que el tribunal eludió manifestarse en su último auto al desestimar el incidente de nulidad de actuaciones. Esta cuestión genera "indefensión", en opinión de Ferreiro, que entiende que se produce "una anulación tácita" de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local -el plan para legalizar el edificio mediante derribos parciales del mismo- sin que haya un pronunciamiento explícito del tribunal sobre los motivos por los que lo hace, ya que únicamente menciona que el Tribunal Supremo ya se pronunció a favor de la demolición total.

El alcalde explicó que la propuesta que efectuó hace tres años es en realidad una "ejecución parcial" de la sentencia y, además, una "solución razonable" que puede "conciliar los intereses" de propietarios y Concello, así como cumplir la legalidad. "No tenemos ningún pronunciamiento sobre si ese acuerdo es o no correcto", destacó Ferreiro, quien se mostró partidario de utilizar todos los cauces posibles "para poder actuar con seguridad".

Pese a las palabras del regidor, el autor de la denuncia sobre la licencia concedida en 1997 a Fadesa para la construcción del edificio, el arquitecto Valentín Souto, augura que la iniciativa de recurrir al Constitucional "no tendrá recorrido". El objetivo del Concello con este recurso es para él "seguir postergando" la demolición del inmueble para evitar cumplir la sentencia del Supremo de 2006 que declaraba la imposibilidad de legalizar lo construido.

Souto no solo es crítico con la actuación de los sucesivos gobiernos municipales desde el año en que se autorizó la reforma de la antigua sede de Fenosa, sino también con los tribunales, de los que considera que se pronuncian con excesiva lentitud y que además no actúan de oficio para hacer cumplir sus resoluciones. "¿De qué vale una sentencia si no se ejecuta?", se pregunta el denunciante, para quien la situación que vive sobre este caso desde hace casi 21 años es "indignante".

El arquitecto todavía está a la espera de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se pronuncie sobre un recurso que presentó el pasado mes de mayo en el que solicitaba la fijación de un plazo de seis meses para el inicio de la demolición del edificio, aunque teme que la resolución se demore durante unos cuantos meses porque el incidente promovido por el Concello tardó nueve en obtener respuesta de los magistrados.

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