El Ministerio de Defensa ha iniciado los trámites para retirarle a Hércules de Armamento la concesión de las instalaciones de la fábrica de armas, lo ha hecho después de que la adjudicataria del concurso no pagase una parte del canon anual que adeudaba por el uso de las instalaciones.

Uno más de los incumplimientos que acumulaba la empresa, y es que, este año, en el mes de abril, la factoría se quedó sin suministro de luz y de agua por impago de las facturas. Tan solo unos días después, y ya por segunda vez en tres años, se quedó sin empresa de seguridad. ¿La razón? La misma que anteriormente, que Hércules de Armamento no pagaba por los servicios recibidos.

El diputado socialista en Madrid Ricardo García Mira informó ayer a este diario de que había recibido la llamada del secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, para confirmarle la apertura del expediente de suspensión de la concesión de la fábrica de armas a Hércules de Armamento. Para que esta reversión de las instalaciones se haga efectiva se requerirá también que el Consejo de Estado emita un "informe favorable" para avalar esta actuación por lo que, según García Mira, la resolución del caso tardará más tiempo del previsto inicialmente.

García Mira aseguró ayer que esta cancelación de la concesión a Hércules de Armamento supone "una oportunidad" para el "mantenimiento del espacio industrial" y para la "promoción de empleo de calidad en la comarca".

Desde que la concesionaria se hizo cargo de las instalaciones de Pedralonga sumó incumplimientos, entre ellos, el de carecer de empresa de seguridad, lo que derivó en que Defensa, a finales de 2015, prohibiese a la firma fabricar armas en la factoría, ya que no cumplía con los requisitos necesarios para realizar este material. La empresa también adeudaba varias mensualidades a sus trabajadores y, además de a sus proveedores no satisfizo el canon que le requería Defensa por el uso de las instalaciones.

En marzo de este año, la senadora del PP María Aparicio -cuando su formación todavía ostentaba el Gobierno de España- había adelantado en la Comisión de Defensa del Senado Comisión de Defensa que si la empresa no hacía frente a una parte del canon que todavía le quedaba por pagar, se le rescindiría el contrato.

Para entonces, el PSOE había señalado también que la empresa acarreaba una deuda de tres millones de euros, además de que no había abonado "las cuotas obligatorias de cotización a la Seguridad Social de ninguno de sus trabajadores" y que eso había generado "una deuda de dos millones de euros" con las arcas públicas. La segunda, la tercera y una parte de la cuarta anualidad del canon -250.000 euros cada ejercicio- las cobró el Estado a partir de la ejecución de los avales que garantizaban el contrato de la concesión [que ascendían a 400.000 euros], aunque, ya en marzo, ese fondo se había acabado.

García Mira subrayó ayer la lucha del antiguo comité de empresa de la fábrica de armas y de los 61 trabajadores despedidos, ya que, desde que se produjo la adjudicación, denunciaron que la empresa no sería capaz de cumplir los objetivos marcados por el contrato.

El delegado del Gobierno, Javier Losada, explicó ayer que la fábrica había sido una de sus "prioridades desde el primer momento" y adelantó que había "ordenado a la delegación de Defensa" que controlase la marcha de Hércules "para que no se retire material de la zona que pueda formar parte de la concesión". Losada se reunió ya varias veces con el antiguo comité.