La Asesoría Jurídica del Concello realizó comprobaciones de los pisos y de sus condiciones una vez que habían sido adquiridos para engordar el parque inmobiliario municipal para dedicar después las viviendas a alquiler de precio protegido. El Consello Consultivo que, el 5 de septiembre emitió resolución sobre dos de ellos, ambas coincidentes en que la compra de dos inmuebles tiene que ser declarada nula, se muestra muy crítico con la labor de la asesoría municipal, ya que considera que realizó informes con el objetivo de darle un "encaje" a la realidad de lo que había pasado con las bases del concurso de la compra de los inmuebles.
"Sin prejuicio de reconocer el trabajo la asesoría y el esfuerzo motivador y clarificador del informe, ante esta conclusión tenemos que respetuosamente discrepar", dice el Consello Consultivo, después de leer el argumento de los servicios jurídicos de que las dos ventanas a la calle en las viviendas de más de una habitación no eran un "requisito que afecte a la capacidad del sujeto ni que provoque la falta de objeto" y que tampoco "incide en la causa o el fin de la actuación administrativa" si, finalmente, estos inmuebles pasan a ser viviendas sociales, a pesar de que no "concurran las condiciones de calidad que se esperaba" que resultasen de la aplicación de las bases del concurso.
El Consultivo se muestra especialmente duro en el informe de la calle Santander -que tiene una resolución desfavorable, ya que el Concello creía que la compra podía ser legal- más que en el de la calle Joaquín Martín Martínez -el Gobierno local ya proponía anular la venta por incumplimiento de las bases, ya que la altura del inmueble es inferior a la exigida por ley para una vivienda-. Ambos pisos eran propiedad de una misma persona, miembro fundacional de Marea Atlántica.
Pero ¿cómo empezó todo y por qué acaba con la dimisión de la jefa de servicio de Vivienda esta semana y con la oposición pidiendo responsabilidades a los concejales? El Gobierno local llevaba en su programa el acceso a la vivienda, el derecho a un hábitat digno y, para ello, en abril de 2017 acabó de redactar las bases del pliego que regiría el concurso de compra de vivienda a particulares para dedicarla después a familias con problemas económicos. El presupuesto era de 1,26 millones de euros y el concurso nacía con vocación de repetirse. Al mes siguiente, la Junta de Gobierno Local aprueba las bases y la constitución de una Comisión de Valoración para encargarse de la selección de las ofertas presentadas. Está formada por tres funcionarios de Rehabilitación, un representante de la Asesoría Jurídica, y otro de Intervención municipal. El 12 de junio se abre el concurso y, durante dos meses, los interesados pueden presentar ofertas. Reciben 45, aunque no todos cumplen los requisitos planteados.
En agosto se realizan dos reuniones, una de ellas para decidir si aceptan una nota simple y la solicitud al Registro de la inscripción a nombre del solicitante de las viviendas, en lugar de la confirmación del Registro. Por unanimidad deciden que sí, ya que es un trámite subsanable en el futuro. Este mes también deciden encargar a los arquitectos de Rehabilitación que analicen si las candidatas están en situación de fuera de ordenación.
En octubre se elabora la lista de admitidos y excluidos. Entra en el concurso el inmueble de la calle Joaquín Martín Martínez, a pesar de estar registrado como oficina, porque la comisión entiende que se puede cambiar el uso siempre que cumpla los criterios de accesibilidad y habitabilidad -algo que, después, se confirmó que no era así-. En noviembre, se realizan las contraofertas y, de las trece candidatas, solo aceptan seis. Tras los dictámenes del Consultivo, solo una está fuera de toda duda.
En diciembre se ejecuta la compra y el edil de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, firma los contratos. En enero, el PP empieza a criticar el concurso, ya que uno de los propietarios que vendió dos inmuebles es firmante del manifiesto fundacional de Marea.
En febrero, la oposición pide explicaciones y señala anomalías en el concurso, el Concello somete a medición los inmuebles y los funcionarios defienden su labor. En marzo, el PP convoca un pleno extraordinario, que se celebra en abril. El Gobierno local pide un informe a la Asesoría Jurídica que concluye que, durante el concurso, se ha incurrido en incumplimientos y pone el foco en dos, el de la calle Joaquín Martín Martínez, y otro de la calle Barrera. Al Consultivo, sin embargo, no van estos dos sino los que comparten propietario, ya que son sobre los que la oposición pide explicaciones.
Cinco meses después del pleno, el Consultivo resuelve que las dos compras deben ser anuladas y, además, dice que hay que revisar todas las demás que incurran en las mismas irregularidades.
El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, defendió, primero, que los errores eran "menores y subsanables", aunque estos días la calificación ya cambió a "error humano".
