La postura que mantiene el Ministerio para la Transición Ecológica sobre la financiación del dragado de la ría de O Burgo, que exige la contribución de la Xunta y de los ayuntamientos ribereños al pago de los trabajos, es la misma que ya defendía el antiguo Ministerio de Medio Ambiente en 2013, durante el Gobierno del Partido Popular. La fórmula genera un rotundo rechazo del Ejecutivo autonómico y de los gobiernos locales de A Coruña, Oleiros, Culleredo y Cambre, que consideran que la intervención en el estuario es una competencia exclusiva de la administración central.

Pero esta dejó ya claro hace cinco años que cuenta con la participación del resto de organismos públicos relacionados con la actuación para que participen en su financiación. El actual delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, recibió como senador socialista en noviembre de 2013 la contestación del Ministerio de Medio Ambiente a una pregunta sobre el dragado de la ría en la que se le informó de que cuando concluyese la tramitación ambiental del proyecto debería "acordarse la distribución de trabajos, su financiación entre la administración local, la administración autonómica y la administración general del Estado y las fechas de inicio de dichas actuaciones".

En marzo de 2012, el mismo departamento se pronunció de un modo parecido, aunque sin detallar tan claramente que las tres administraciones debieran contribuir a financiar las obras. El entonces diputado en el Congreso por el BNG Francisco Jorquera, fue informado de que el protocolo de colaboración entre Estado, Xunta y los cuatro ayuntamientos debería "acordar las aportaciones de cada administración para la obtención de los objetivos que se persiguen".

Pero Medio Ambiente no dejó ya espacio para la especulación en julio de 2015 cuando manifestó que la financiación del proyecto debía realizarse mediante un acuerdo entre las tres partes. Una reunión en septiembre de ese año entre la en aquel momento conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, concluyó con el acuerdo de que hay que "implicar a las distintas administraciones para avanzar consensuadamente en el diseño, financiación y ejecución de la regeneración de la ría de O Burgo".

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió en octubre de que la licitación del proyecto definitivo de dragado de la ría no se llevará a cabo hasta establecer la distribución de los costes entre todas las administraciones implicadas. Este departamento emplazó el martes a Xunta y Ayuntamientos a reunirse para abordar esta intervención tras el acuerdo unánime del pleno municipal de A Coruña el día anterior, mediante el que se exigió que la limpieza de los fondos de la ría se ponga en marcha de forma inmediata. El encuentro, previsto para el 11 de diciembre, se demorará hasta enero después de que la Xunta solicitase que se mantuviera en Galicia y no en Madrid al ser mayoritaria la delegación gallega.

De acuerdo con la postura anunciada por Ribera, es previsible que reclame a los responsables municipales y autonómicos su colaboración económica en el proyecto, a lo que todos se oponen. La Xunta defendió su negativa a participar en la financiación del dragado incluso cuando el Partido Popular gobernaba en Madrid, a pesar de que el Ejecutivo central le exigía que costease el tratamiento de los lodos contaminados que se extraigan de la ría por considerarlo de su competencia.

Pero el Gobierno autonómico insiste en que al tratarse de un proyecto calificado de interés general, es el Estado el responsable de su ejecución y financiación. En noviembre de 2011, al día siguiente de que el PP ganase las elecciones generales, envió a las otras dos partes una propuesta de protocolo sobre el dragado con las responsabilidades de cada administración. Según la Xunta, el Estado debería acometer la retirada de los lodos y su tratamiento, mientras que los ayuntamientos gestionarían la depuradora de Bens y evitarían los vertidos. El Ejecutivo gallego se reservaba la construcción de tanques de tormentas y depuradoras en las riberas de la ría, pero descartaba aportar fondos para el dragado, lo que mantiene hoy.