El alcalde, Xulio Ferreiro, aseguró ayer que el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre dos concesiones similares a la de la Compañía de Tranvías, que permitiría a la empresa mantenerla hasta 2024, no se refiere al mismo caso que el de A Coruña y destacó que ese letrado advierte que las concesiones de este tipo deben ser adaptadas al reglamento aprobado por la UE en 2007, lo que aseguró que el Gobierno local ya lleva a cabo con la modificación de las tarifas actuales.

Ese cambio implica un descenso de diez céntimos en la tarifa general y en el bonobús, así como la gratuidad de todos los transbordos y de los viajes de los menores de trece años, aunque aún debe ser aprobado por la Comisión de Prezos de Galicia. "Llamamos todas las semanas y nos dice que se reunirán pronto, lo mismo que nos dijeron hace un mes", comentó el alcalde sobre ese organismo.

Ferreiro justificó la continuidad de la prórroga de la concesión de la Compañía de Tranvías, que debía terminar el próximo 30 de noviembre tras dos años de duración, por la necesidad de que un juzgado coruñés se pronuncie sobre si debe darse por caducada, como defiende el Concello, o puede continuar hasta 2024 como figura en el contrato firmado en 1986.

El regidor explicó que el Gobierno local entendía que "a estas alturas el pleito que interpuso Tranvías contra la decisión de la caducidad de la concesión estaría ya resuelto", de forma que podría saberse si debe mantenerse el contrato o se puede licitar uno nuevo, pero que la huelga de los trabajadores judiciales incrementó los retrasos que sufren los juzgados.

Ferreiro añadió que es posible que el juzgado acabe efectuando una consulta al Tribunal de Justicia de la UE sobre este conflicto, lo que demoraría más la resolución, por lo que para garantizar la seguridad jurídica se optó por mantener la prórroga del contrato de Tranvías. "Es mejor no dar pasos que puedan provocar problemas de más difícil resolución", señaló.

Toscana y París

El dictamen del abogado general del tribunal europeo se refiere a compañías de transporte de las regiones de Toscana y París, de las que dice que el periodo de treinta años que el reglamento de la UE considera como el máximo para las concesiones adjudicadas sin concurso debe contabilizarse a partir de 2009. La opinión del letrado no tiene carácter vinculante para el tribunal, aunque es indicativa de cuál puede ser su decisión.

Según el abogado, fijar una fecha de partida diferente para ese periodo en cada caso supondría no dar la misma solución a todas las empresas afectadas, así como generar problemas para su aplicación a las autoridades y causar inseguridad jurídica en el sector. Para la Compañía de Tranvías, el dictamen del letrado implica un respaldo a su defensa de que la concesión coruñesa debe concluir en 2024.