El Ayuntamiento se dispone a devolver 236.662,05 euros del impuesto de plusvalía, que grava el supuesto aumento de valor de los inmuebles en el momento de su transmisión, a contribuyentes que lograron demostrar que las propiedades no le generaron ganancia alguna. Un total de 34 casos ya tienen el visto bueno de Intervención Xeral, de entre los 140 expedientes de devolución que ha abierto el área municipal de Facenda.
La plusvalía o Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana está en un limbo legal desde que varias sentencias del Tribunal Constitucional cuestionaron la forma del calcularlo, sobre su valor catastral y los años que se ha tenido en posesión la propiedad, por ser ajena a la realidad el mercado inmobiliario y al precio real del bien. Los ayuntamientos esperan todavía a que el Ministerio de Hacienda modifique la ley para saber cómo calcular el impuesto y, entre tanto, resuelven las reclamaciones que le van llegando. Los afectados tienen un plazo de cuatro años desde la autoliquidación para reclamar. En A Coruña, el Concello está aceptando aquellos casos en los que, a través de pruebas como la presentación de ambas escrituras, el propietario demuestre que no hubo un incremento de valor y, por tanto, que no existe un hecho imponible.
Así, están abiertos 140 expedientes y ya fueron fiscalizados de conformidad por Intervención Xeral 34 de ellos. La cantidad a pagar es de 236.662,05 euros, de los que 7.484,95 corresponden a intereses, según responde el Gobierno municipal. La cantidad reintegrada no supone, por el momento, un gran porcentaje de la recaudación por este tributo directo en los últimos cuatro años: de 2014 a 2017 el Concello ingresó 16,2 millones. Según el acuerdo de PSOE y Podemos para los Presupuestos Generales del Estado, aún no aprobados, es el Estado quien asumirá la devolución, tal y como demandaba la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
En el caso de que no se pueda demostrar que el bien no ha incrementado su valor desde que se adquirió o se tomó en propiedad hasta que se transmitió, el Concello rechaza la reclamación del contribuyente. Algunas han llegado a los tribunales. Una, en concreto, al Tribunal Supremo, que ha avalado el comportamiento de la Administración municipal, marcando la pauta en casos similares a los de la demandante.
En el fallo del Alto Tribunal, emitido el 21 de noviembre, se da la razón al Concello y desdice una sentencia anterior del Contencioso que le obligaba a devolver una plusvalía a una vecina, que defendía que, con los dictámenes del Constitucional, quedaba anulado cualquier cobro de este tributo.
Fuentes municipales explican, en este sentido, que "la escasa entidad económica del asunto en sí mismo no llevaría al Concello a interponer este recurso de casación" ante el Supremo pero consideraron que era "imprescindible" que el Alto Tribunal "clarificase" si la interpretación hecha por el juzgado coruñés sobre el dictamen del Constitucional -que falló en mayo de 2017 sobre el cobro del tributo en Álava y Guipúzcoa- "era la correcta". Entendían los responsables del Concello que sus efectos se extenderían a los casos similares al de la coruñesa recurrente, lo que supondría una "doctrina gravemente lesiva para los intereses generales".
"El Concello siempre sostuvo que la sentencia del Constitucional llevaba consigo solo una declaración parcial y relativa de las normas en cuestión", señalan las misma fuentes municipales, que recuerdan que la Corte Constitucional incidía en que el impuesto era nulo si realmente el valor de las propiedades había subido. Otra cuestión importante, destacan desde el Ayuntamiento coruñés, es que la sentencia "deja claro" que son los obligados tributarios los que tienen que probar ante la Administración municipal "que no hubo incremento".
Previsión de ingresar 8 millones
Con la reactivación del mercado inmobiliario, la recaudación de la plusvalía en el Concello de A Coruña batió en 2017 el récord de la última década, a falta de conocer el dato de cierre de 2018. Se liquidaron 8,1 millones de euros. Entre los ejercicios de 2008 y 2017, las arcas municipales ingresaron 50,8 millones por este impuesto, que cobran en Galicia 115 concellos. También en 2016 se superaron los ocho millones de recaudación.
El Gobierno local apuesta por mantener el cobro hasta que el Ministerio de Hacienda no apruebe un nuevo sistema para determinar la aplicación del gravamen. En el anteproyecto de presupuestos para 2019, que ha diseñado el Gobierno municipal pero cuya aprobación depende de la negociación con el PSOE, prevé mantener los ingresos de ocho millones a pesar de las devoluciones que ya ha comenzado a tramitar el Ayuntamiento.
