El 84% de demandantes de vivienda protegida de la ciudad tiene interés por un piso de promoción pública, es decir, aquellos construidos directamente por una administración pública. Del total de 2.310 solicitantes que existen en la actualidad en A Coruña en el Rexistro Único de Demandantes de Galicia, que gestiona la Xunta, solo 323 pretenden un piso levantado por una promotora inmobiliaria privada o una cooperativa. En términos generales, después de seis años de caída de la demanda, la ciudad registró un repunte de un 18%, el segundo más alto de la comunidad.

Del tipo más elegido, el Gobierno autonómico inició hace escasamente un mes las obras para construir un edificio en el parque ofimático. Serán 40 las viviendas que se facilitarán a las personas que estén inscritas en el registro y las obras, por valor de cinco millones de euros, tienen un plazo de ejecución de dos años. Esta actuación, defienden desde la Consellería de Medio Ambiente, con las competencias en materia de vivienda, responde a la demanda que, añaden, se centra principalmente en las ciudades. Con los datos obtenidos del listado, apostillan, el Gobierno autonómico analiza la petición generalizada para poder adaptarse a las necesidades de la ciudadanía. Esas 40 viviendas, sin embargo, apenas darán respuesta a una mínima parte de los 2.000 demandantes de vivienda de promoción pública.

También el Concello había mostrado su intención de levantar otras 80 viviendas sociales en el nuevo barrio coruñés aunque, por ahora, no se conocen detalles ni plazos.

El gerente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliario de A Coruña (Aproinco) justifica que los interesados sean de vivienda de promoción pública por la ausencia de subvenciones para las de iniciativa privada. "Hace casi diez años que han desaparecido todo tipo de ayudas a este tipo de vivienda, no las hay para el promotor ni para el comprador", denuncia Yáñez, que anuncia que el sector ya ha trasladado su queja al Gobierno central para que recupere el apoyo a este tipo de promoción.

Hasta 2010, dice el representante de los promotores, el sistema de ayudas públicas a estos pisos con precio reglado funcionó "razonablemente bien", pero con la crisis, acabaron las condiciones ventajosas para constructores y futuros propietarios, basadas en financiación o tipos de interés más bajos. Y por eso cree que los ciudadanos tampoco se inscriben en el registro de demandantes de vivienda para estas casas.

Tomando como ejemplo la cifra de 323 solicitantes de vivienda protegida privada, Yáñez reclama que se suprima esta figura en los planes generales urbanísticos de los municipios y pone un ejemplo. En el de A Coruña, apunta, se prevén 14.000 viviendas protegidas pero, a la vista de los datos, dice, no existe una demanda real. "No tiene lógica", critica. Sin ayudas públicas, reconoce, tampoco es un tipo de actuación que genere interés para los empresarios a los que representa: "Es un producto que ya no es atractivo y sí tiene muchas limitaciones".

Fuentes del departamento autonómico defienden que se pone a disposición de promotores o cooperativas de viviendas suelo destinado "exclusivamente a la construcción de vivienda protegida".