La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) autorizó la prórroga de la cesión durante un año más al Concello de la antigua prisión provincial, iniciativa que estaba prevista en el acuerdo suscrito hace dos años entre ambas partes para la utilización del edificio mientras se dirime el conflicto judicial que debe determinar a qué administración le corresponde su propiedad. La solicitud de la continuidad de la cesión debía ser efectuada antes del pasado día 15 y su aprobación es seguida del inicio de conversaciones entre el Gobierno local y la SIEP para establecer unas nuevas condiciones de uso del recinto.
El alcalde declaró el pasado viernes que su objetivo es "frenar el deterioro del edificio, intervenir en él y dotarlo de usos a medio y largo plazo", para lo que se negocia con la SIEP la fórmula que podrá emplearse. El organismo estatal declinó por su parte efectuar comentarios sobre esta negociación y se remitió a la información que proporcione el Concello.
En el acuerdo suscrito en 2017 se estableció la obligación de que cada una de las administraciones invirtiese 150.000 euros en la rehabilitación del inmueble, aunque a la SIEP se le dedujo de esa cifra la cantidad que abona en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles. La vieja cárcel se encuentra desocupada desde el pasado 22 de diciembre, tras la decisión adoptada por el colectivo Proxecto Cárcere de interrumpir de forma temporal las actividades que realizaba allí desde el pasado 4 de agosto.
La entidad, a la que el Concello le adjudicó la gestión del edificio mediante un concurso público, explicó que se vio obligada a paralizar sus iniciativas al desautorizar el Gobierno local la programación que había elaborado para ese mes ante la falta de documentación acerca de los actos previstos. A ello se sumó la prohibición dictada por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta para salvar las escaleras existentes en la entrada del inmueble, ya que considera que está relacionada con usos socioculturales que ese departamento autonómico no autoriza ahí.
La prórroga de la cesión de la antigua prisión se produce al mismo tiempo que la citación a la concejal de Participación, Claudia Delso, para que preste declaración el próximo 1 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 8 como investigada por un supuesto delito de prevaricación administrativa al adjudicar la gestión del edificio, una cesión de usos sin ánimo de lucro, a Proxecto Cárcere. La decisión de la titular del juzgado fue adoptada tras la presentación por la Fiscalía provincial en octubre de una denuncia sobre estos hechos al considerar que hay indicios de "prevalencia del interés" de otorgar el contrato a ese colectivo "por encima del cumplimiento estricto de la legalidad".
La iniciativa para que este asunto llegase a los tribunales partió del Partido Popular, que presentó una denuncia en la Fiscalía el pasado verano al estimar que el concurso convocado por el Concello había sido "predeterminado" para que la adjudicación fuese a Proxecto Cárcere. Cuando en diciembre, la portavoz del grupo municipal del PP, Rosa Gallego, prestó declaración en el juzgado en relación con esta denuncia, insistió en considerar que el colectivo había sido beneficiado por el Gobierno local.
