La validación por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del acuerdo alcanzado entre el Concello, el arquitecto Valentín Souto y los propietarios del antiguo edificio de Fenosa para impedir su derribo ha generado entre estos últimos una sensación de alivio, aunque combinada con la indignación por la incertidumbre que han vivido durante los últimos veintiún años ante la posibilidad de que pudieran perder sus viviendas y locales.
Los comentarios de los afectados por el conflicto reflejan la angustia por la que pasaron durante estas dos décadas y las situaciones a las que tuvieron que enfrentarse ante el desconocimiento de cuál sería el desenlace de este problema. "Ha sido un auténtico calvario sin comerlo ni beberlo, suponga que tiene una parte de su patrimonio en juego durante veinte años, si eso no es un calvario que venga Dios y lo vea", comenta con amargura sobre la experiencia por la que ha pasado uno de los 87 propietarios de las viviendas, quien destaca que entre los afectados "casi todo el mundo tenía una hipoteca encima".
En su opinión, el conflicto "se ha solucionado de una forma inesperada" debido al proceso de mediación cuando se habían acabado todas las vías legales para impedir el derribo. "La satisfacción es plena en todo caso", señala este vecino del inmueble, quien también destaca que los propietarios se han sentido "en parte incomprendidos por ser los únicos perjudicados". En cuanto al origen del problema, manifiesta: "Nos sentimos estafados por Fadesa, que fue la empresa que construyó y vendió", mientras que la solución adoptada es para él "justa, necesaria y esperada, sobre todo esperada".
Las circunstancias familiares de una de las propietarias agravaron el padecimiento por el que tuvo que pasar estos años, según explica. "Tenemos un piso pequeño y varios hijos, y no hemos podido venderlo para irnos a otro más grande. Nos hemos gastado los ahorros en un piso puente para después pasarnos a otro y hemos estado muchos años sin poder cambiarnos", señala sobre esta situación, que califica de "muy estresante porque aunque seguíamos teniendo la propiedad no podíamos vender".
Incertidumbre
Para esta mujer, además de "la incertidumbre de no saber lo que iba a pasar", hubo que soportar ser "el hazmerreír de la gente, que decía que los que vivimos aquí somos millonarios, aunque pagamos los pisos con el sudor de nuestra frente como todo el mundo". En la actualidad, los propietarios se sienten "aliviados porque al final lo que quieres es que tu piso se legalice", y, aunque considera excesiva la indemnización acordada para el demandante, reconoce su derecho a iniciar el proceso.
Sus mayores críticas son para quienes considera "hicieron pasar esta situación" a los propietarios, el Ayuntamiento y Fadesa, de quienes considera que "se van de rositas" mientras que los afectados han estado "muchos años sin saber a quién se podía reclamar". Según ella, el Ayuntamiento "estuvo muchos años mirando por lo suyo cuando los verdaderos perjudicados éramos nosotros".
También otro de los vecinos del inmueble critica la compensación acordada para Valentín Souto, ya que la tilda de "enorme", así como de "barbaridad" la reclamación que presentó con el fin de exigir el derribo. Una vez acabado el conflicto opina que los afectados "en general estamos contentos porque la solución está bien, menos mal que se concilió así".
Pero también recuerda que "sufrieron mucho porque hay propietarios que son personas mayores que compraron el piso con sus ahorros", por lo que la posibilidad de que el edificio se derribara "fue un palo terrible". Según detalla, "hay gente que lo ha pasado muy mal, no se creía que no se fuera a tirar el edificio", aunque él personalmente estaba convencido de que no llegaría a hacerse porque sería "la quiebra del Ayuntamiento". Las consecuencias serían además muy graves incluso con una demolición parcial, ya que "a alguno le cortaban el piso entero y se quedaba sin casa, por lo que era dramático".
Sus cálculos le llevan a pensar que las indemnizaciones por el derribo del inmueble no sumarían solo los 60 millones que estimaron los técnicos municipales, sino hasta cien millones. Una vez despejado el temor sobre la demolición, la sensación es de alivio, aunque advierte que "hay algunos preocupados porque piensan que al ser edificio singular no van a poder vender, pero no es así".
