Perdió propiedades en la ciudad por valor de un millón de euros y puede que le embarguen su propia casa, con un valor de 700.000 euros. Es lo que relata al Concello un expropiado en el castro de Elviña en su alegación, que fue rechazada, al cambio del presupuesto municipal. Pedía que se incluyeran los 14,5 millones que una sentencia reconoce que la administración local debe a los afectados por el proceso urbanístico, ya que les pagó a 12 euros el metro cuadrado y finalmente se reconoció que debían ser 50 euros, tras quince años de litigio judicial. El representante legal clama al Ayuntamiento por el "daño irreparable" a esta persona y a su familia, que no solo es moral, dice, sino que también califica de "tremenda penuria económica".

El hombre tenía cuatro parcelas en los alrededores del castro que contabilizaban casi 9.000 metros cuadrados. Al no ajustarse el pago de la expropiación a lo esperado y, por tanto, "no poder contar con la liquidación que le hubiera supuesto el cobro de las justas indemnizaciones que se le deben", afirma el abogado, el afectado y su familia no pudieron afrontar diversos préstamos. Le fueron embargadas, entonces, diversas propiedades: algunos locales "céntricos" en la ciudad y una casa con finca "que era de sus antepasados". En total, el letrado calcula que perdió un millón de euros. Pero el problema no acabó en ese momento y se extiende hasta la actualidad. Y es que, añade el relato, está en riesgo "su propia vivienda familiar". Si no puede afrontar el pago de la hipoteca, "pronto la perderá", desvaneciéndose un inmueble con un valor superior, dice el afectado, a los 700.000 euros.

El abogado reprocha al Concello que, mientras no se resolvía el litigio por el precio de compra de sus fincas, el propio servicio de Recaudación municipal le embargó en varias ocasiones por no poder pagar deudas del Impuesto de Muebles Inmuebles (IBI) y de otro tipo de tributos locales. Esta situación hubiera sido otra, remarca el representante legal del expropiado, si el Ayuntamiento no hubiera "retrasado el pago" de la cantidad ajustada al valor del suelo y no hubiera puesto "recurso tras recurso" ante los tribunales, acabando el asunto en el Supremo. No solo hubiese arreglado la situación financiera particular del hombre sino que, subraya el letrado, las arcas municipales se hubiera ahorraron "millones de euros si, en vez de recurrir el justiprecio decidido por un comité, hubiese pagado".

"Es acuciante la necesidad de cobro del justiprecio pendiente y de los intereses acumulados; de otra forma, se ve destinado a perder el resto del patrimonio que le queda", finaliza esta parte del escrito de alegación.

Tras exponer las estrecheces a las que se vio expuesto su defendido, el abogado propone al Concello que pida un préstamo para sufragar el abono de indemnizaciones en caso de no contar con liquidez suficiente. Considera que con esta opción "se lograría la satisfacción de los expropiados y un importantísimo ahorro en el coste financiero".

Detallando el cálculo e incluyendo plazos de amortización y tipos de interés, el letrado añade que el Ayuntamiento goza de "capacidad amplia de endeudamiento, buena estabilidad presupuestaria y presupuesto anual que permite una holgada capacidad de reembolso", por lo que puede contratar una operación a "un tipo muy inferior al legal". Pese al rechazo de su alegación, el representante legal exponía en el escrito que "no hay ninguna razón para no incluir la cantidad a pagar, afrontando el pago con recursos propios del concello o recurriendo a la financiación bancaria".