La Fiscalía ha archivado sin presentación de querella la investigación que inició de oficio por el cambio de uso de un piso en 2011 durante el Gobierno del PP. Tras analizar la documentación, concluyó que, en el caso de existir delito, estaría prescrito, por lo que da carpetazo al asunto. Esta investigación se inició el pasado febrero, a raíz de la denuncia del propio Partido Popular ante el Ministerio Fiscal contra el Gobierno local por el concurso para la compra de pisos con el objetivo de rehabilitarlos y convertirlos en vivienda social. El Concello ha tenido que anular cinco de las seis adquisiciones realizadas después de que el Consello Consultivo las considerase nulas por no ajustarse a las bases de la convocatoria.
Hace casi tres meses, la Fiscalía Provincial archivaba, sin presentar querella, las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia del Partido Popular. Cerró la investigación porque, aun apreciando "falta de control", para él no existe ningún hecho de "transcendencia penal" en las "deficiencias denunciadas" en la compra de dos viviendas a un firmante fundacional de Marea Atlántica.
No solo se cerró, sino que la demanda del PP, que pedía la imputación de los ediles de Economía y Rexeneración Urbana, Alberto Lema y Xiao Varela, le fue de vuelta. Al mismo tiempo que la Fiscalía anunciaba el archivo, informaba de la apertura de otra investigación sobre un acuerdo del Gobierno local de Carlos Negreira de autorizar un cambio de uso, de local a vivienda, del piso contiguo a uno de los denunciados por los populares. El asunto es que el Gobierno de Marea sostenía que un piso que compró, de uso comercial, se podía legalizar como vivienda, tal y como lo había hecho en 2011 el Ejecutivo anterior. La altura mínima para hacerlo, por escasos centímetros, resultó no ser suficiente, por lo que el Ministerio Público decidió comprobar por qué lo habían aceptado los populares con una vivienda gemela.
La portavoz municipal del PP, Rosa Gallego, justificó entonces que la investigación del fiscal no implicaba una investigación a la actuación del Gobierno local del PP, sino que afectaba a la documentación presentada por el propietario de ese piso para solicitar su cambio de uso, sobre la que el Concello resolvió.
El fiscal provincial demandó al Concello la documentación sobre la autorización municipal para legalizar la vivienda y comprobó que la acción fue aprobada apoyándose en un informe de un arquitecto firmado en 2010. Es por eso que la Fiscalía entiende que, de existir delito, estaría prescrito y por eso no entra a analizar el hecho y archiva las diligencias sin presentar querella.
A los juzgados
El proceso de revisión y anulación de la compra de los pisos sigue su curso. Ya se le ha transmitido a varios propietarios que se le retornarían sus viviendas a cambio del pago realizado. Pero la oposición de los propietarios de al menos cuatro de los seis pisos adquiridos a la anulación de las operaciones abocan a los implicados, particulares y Ayuntamiento, a la vía judicial.
